En primer lugar, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) agrupa a representantes de toda la cadena de valor del vehículo eléctrico en España.

Partiendo de la base que busca una buena coordinación entre el Gobierno y las compañías que trabajan en esta área, plantea propuestas que van más allá del uso privado de los automóviles, poniendo en valor la importancia de los sistemas compartidos de movilidad, tales como el carsharing y el renting.

En lo que respecta al despliegue de infraestructura de recarga, cuenta con una participación activa en espacios como el grupo de trabajo que ha lanzado la administración.

En este último, ha presentado peticiones como la concesión de licencias y permisos se amplíen a instalaciones de más 250 kW y la creación de un sistema punitivo para que se respete las normativas vigentes.

Durante todas sus intervenciones, se dota de importancia la necesidad de que los trabajos en torno a la transición estén basados en la “unificación de esfuerzos y eliminación de barreras”.

“Es fundamental impulsar la homogeneización regulatoria entre municipios y trabajar de forma eficiente”, ha planteado AEDIVE en reiteradas ocasiones.

ANFAC, como representante de los fabricantes de automóviles, ha estado empujando los cambios de la mano del Gobierno local.

Un ejemplo de esto ha sido la emisión de las propuestas tales como: las 16 medidas para el despliegue de puntos de recarga y el mapa de Infraestructuras de recarga a nivel nacional y por CCAA.

Dota este proceso de una cuota de realismo, asegurando que «España avanza en buena dirección, pero con insuficiente velocidad”, según declara su propio director general, José López-Tafal.

Quien en este sentido agrega: “Hay que acelerar, de manera urgente, el ritmo tanto en penetración de vehículo electrificado como de despliegue de puntos de recarga si se quiere alcanzar los objetivos marcados por Europa y establecidos por el PNIEC».

Uno de los principales objetivos que se ha planteado la organización es lograr que el Estado conforme un órgano de gobernanza que haga que la electrificación se convierta en una prioridad para todas las instituciones del país.

Alineados con estas medidas, pero desde un sitio más critico, la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam) trabaja en la búsqueda de que la transición no se lleve consigo los 70.000 empleos en peligro de desaparición hasta 2030 por la “uberización” del sector.

En su rol de presidente de la patronal, Raúl Palacios apuntó a la posibilidad de que los cambios en el modelo de negocio deje por fuera a los pequeños empresarios españoles, que «son los que aportan valor al país».

Es por ello que se intenta generar un sistema que sea capaz de responder a las expectativas del cliente digital y que a la vez “evite grietas por las que entren plataformas tecnológicas extranjeras que se queden con los beneficios del negocio, precarizando el sector”.

Asimismo, han demostrado su descontento con la distribución de los fondos ‘Next Generation’, presentando una denuncia en Bruselas.

En este marco, se advirtió del riesgo de desaparición al que se exponen más de 20.000 empresas del sector como consecuencia de la gestión “ineficaz”, del dinero por parte del Gobierno de España.

Pese a esto, mes a mes trabajan de manera coordinada junto con AEDIVE en la emisión de los datos de matriculaciones y en la elaboración conjunta de un discurso que no deje a ningún actor por fuera de esta transición.

La Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) se ha puesto como principal objetivo solucionar las aristas inconclusas que se ven en torno al pase al coche eléctrico.

Desde la agrupación van detrás de una neutralidad tecnológica, evitando las regulaciones y limitaciones agresivas y apostando por una proceso que sea lo más justo y accesible posible.

Su director general, José Portilla, sostuvo: «Debe consolidarse un escenario donde todas las tecnologías se encuentren disponibles y que no se vaya solo detrás de la electrificación, de manera que cada usuario pueda optar por una o la otra de acuerdo a sus necesidades».

Mientras tanto, apuntaron que el primer reto que debe afrontarse viene marcado por el mercado y la renovación del parque automotriz.

Notan que los proyectos de ayuda estatales a la compra de vehículos sostenibles son un paso fundamental, aspecto en el que han destacado la emisión de planes como el Renove, el cual ha permitido sacar de circulación unos 500.000 coches que tienen entre 15 y 16 años.

Finalmente, la patronal que integra a los concesionarios (Faconauto) ha sido también crítica en su visión sobre el camino que ha tomado España, y Europa, hacia la electromovilidad.

En su discurso pone en relevancia que se está realizando una transición “alocada”, y que en vez de esto debería primarse un enfoque que permita que el proceso sea lo más «ordenado y justo», posible.

En su lugar como presidente, Gerardo Pérez Giménez, ha señalado que se ha buscado “atacar” de manera desmedida a los motores de combustión cuando «la movilidad eléctrica aún está lejos de ser una realidad».

Asimismo, han realizado el cálculo de que para hacer frente a los objetivos a 2050 se deberían vender un millón de coches eléctricos al año, para así poder contar con un parque completamente renovado.

En una primera instancia, la asociación sostiene que para consolidar la apuesta por el vehículo eléctrico debe garantizarse:

• Puntos de recarga en domicilios.
• Infraestructura de recarga pública de un estimado de 350 mil puntos en toda España, mientras que actualmente hay 8 mil.
• Dar tiempo a un mayor desarrollo tecnológico que permita más autonomía en los vehículos.
• Una bajada de precio, ya que actualmente los coches de esta modalidad son un 30% más caros.
• Una mayor renta per cápita que otorgue a España las mismas oportunidades que otros países de Europa como Alemania.