La Ley de la Industria Eléctrica volvió a estar en boca del sector energético en México. ¿Por qué? La otra semana, un tribunal especializado en competencia económica revocó la suspensión definitiva que se concedió a dos empresas que impugnaron el decreto por el que se reforma la normativa. 

Si bien esto no significa luz verde para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está a la cabeza del proyecto, sí se trata de un dictamen a favor para continuar con sus esfuerzos en esa dirección. Sin embargo, no será tarea fácil ya que para concretar sus esfuerzos probablemente deba recurrir a una reforma constitucional, para la que necesitará contar con mayoría en el Congreso.

Se debe tener en cuenta que las empresas que presentaron un amparo, se encuentran respaldadas por la Constitución Nacional por lo que no son muchas las opciones que le restan a AMLO por barajar.

Entretanto, una fracción del ambiente de la electromovilidad sigue de cerca los avances de la justicia y del Poder Ejecutivo en este sentido, dado que alega que una reforma de este tipo tendrá consecuencias en el mercado de vehículos eléctricos por el encarecimiento de la energía y sus mayores niveles de contaminación. 

De hecho, José Zozaya Délano, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) durante el especial Movilidad Eléctrica en México organizado por Portal Movilidad, había declarado que “la reciente reforma eléctrica puede significar algún tipo de obstáculo” y “que va un poco en sentido contrario a la tendencia global”. 

En ese sentido, José Celis, consultor y director de Mitiga CO2, reafirma que “la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es demasiado contaminante”. No obstante, también agrega que es necesario tener una visión más global del tema para hacer un análisis completo de la situación. 

Según explica Celis, hoy la CFE es la única empresa que tiene las carboeléctricas de México, la nuclear y “todos los ciclos viejos”. Asimismo debe considerarse que el dinero con el que compran carbón se queda dentro del país, mientras que con el que compran gas natural se va a Estados Unidos. Dinero que no regresa al país. 

“Ambientalmente es lo peor, pero qué haces si ese dinero demora una economía”, advierte y destaca: “Además, nadie se ha puesto a pensar qué hacemos con los mineros y sus familias”. 

Luego, explica: “El gran problema es que estas mineras están situadas en el desierto de Coahuila. ¿Qué haces con esas comunidades? Se les ha llegado a proponer otros proyectos energéticos, como solar y eólico, y la primera pregunta que te hace la comunidad es cuántos empleos les va a dar”.  

Ahora, resta ver qué accionar decide tomar el presidente mexicano, aunque ya adelantó semanas atrás que apuntará a su carta más segura: la reforma constitucional.

La reforma a la Ley

Cabe recordar que, entre otros puntos, la medida presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca modificar las prioridades de despacho de los generadores eléctricos y concentrar la generación de energía en la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En primer lugar, se contempla a las hidroeléctricas; en segundo término, a las Centrales Eléctricas de CFE como la nuclear, las geotérmicas, los ciclos combinados y las termoeléctricas y, posteriormente, se despachan las Centrales Ciclos Combinados de Productores Independientes de Energía; tercero, a las eólicas y solares; y cuarto, a los Ciclos Combinados de empresas privadas.