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jueves 29 de septiembre de 2022
IRU presiona a la UE: pide elección de tecnología y fin del motor a combustión en buses y camiones
La Organización Internacional para el Transporte por Carretera (IRU), en contacto con Portal Movilidad España, detalla las necesidades que presenta el sector de cara a la transición a una movilidad más sostenible. El papel de los combustibles neutros en carbono, aceleración del marco político y definiciones, entre los ejes resaltados.
Raluca Marian, Directora de Promoción de la UE y Delegada General de la Delegación Permanente de IRU.
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Desde fuentes afines a la Unión Europea se ha confirmado a este medio que las negociaciones en torno a las metas para la descarbonización del transporte pesado están por comenzar a llevarse a cabo. Noviembre podría ser el mes clave.

Frente a esto, el sector se ha planteando cuáles son las nociones que deben tenerse en cuenta a la hora de poner fin a los motores a combustión en camiones y buses.

“Notamos que el futuro no se basa sólo en una tecnología, que es la batería eléctrica, y ni siquiera se basa en 2, que incluye el hidrógeno, sino que vemos la continuación del motor de combustión basado en combustibles neutros en carbono”, sostiene al respecto Raluca Marian, Directora de Promoción de la UE y Delegada General de la Delegación Permanente.

En este sentido amplió: “Necesitamos opciones y ¿por qué vamos a excluir la opción más probada hasta ahora y que logra el mismo resultado que las otras?».

Para su parecer, el transporte comercial de mercancías por carretera requerirá una amplia gama de combustibles alternativos y vehículos suficientemente disponibles para los distintos tipos de operaciones. 

En la carrera por avanzar sobre una transición adecuada, el representante de IRU resalta la necesidad de que este proceso se base en la flexibilidad en la elección de tecnologías.

“Una variedad modos de propulsión diferentes garantiza una cadena de suministro más sostenible, ya que el abastecimiento energético se basa en varias fuentes”, asegura. 

Uno de los riesgos a los que se enfrenta no solo el sector transporte, sino que también la Unión Europea en su totalidad, según el punto de la organización, son los retrasos en las definiciones.

Desde la publicación de la propuesta de la UE sobre la revisión de la infraestructura de los combustibles alternativos en julio de 2021, los operadores están esperando que se aclare la tecnología de los combustibles en la que se espera que inviertan.

“La demora en el proceso legislativo está provocando una sensación de incertidumbre entre los agentes, mientras que se espera que las negociaciones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea se inicien a finales de este año y probablemente continúen hasta 2023”, puntualiza Raluca Marian.

Se espera que tras el cierre de los trílogos y la votación final de las fechas límites para la fabricación de automóviles y furgonetas a combustión se dé paso a las tratativas en torno a los camiones y buses.

Fuentes afines al trabajo parlamentario de Bruselas confirman a Portal Movilidad España que “a finales de noviembre será cuando la Comisión Europea anuncie la regulación para los plazos para camiones y autobuses”.

Este se trata de uno de los pasos más desafiantes, no solo porque el transporte por carretera es considerado uno de los sectores con mayores emisiones, sino por las necesidades tecnológicas con las que cuenta para renovarse.

Pese a esto, diversos estudios ya han dejado en claro que la competitividad de los vehículos propulsados por carburantes y los eléctricos o a hidrógeno verde, ya comienzan a ser una realidad.

Es así que ya se prevé que los camiones eléctricos de batería alcanzarán la paridad de coste con los vehículos con motor de combustión interna en 2025.

Otro de los puntos que se resaltan desde la organización internacional es que hace ya tiempo se ha reclamado el desarrollo de una “ambiciosa red de infraestructuras de combustibles alternativos que se extienda por toda la región”.

Pero la clave de este despliegue debe estar centrado, en su parecer, en el equilibrio adecuado entre establecer rápidamente el marco político para mantener la competitividad del transporte comercial por carretera, pero también contribuir a cumplir los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo.

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