El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha firmado con el Ministerio del Interior un acuerdo interdepartamental para el desarrollo de las actuaciones conjuntas del plan de transición energética en la Administración General del Estado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El acuerdo, presentado hoy por la vicepresidenta Teresa Ribera y por el ministro Fernando Grande-Marlaska en el puesto de la Guardia Civil en Chinchón (Madrid), busca reducir paulatinamente la demanda energética y la dependencia de combustibles fósiles de las infraestructuras y edificios asignados a Interior, fomentar en ellos las energías de origen renovable y el autoconsumo, y facilitar la transición a una movilidad de cero emisiones en las flotas de vehículos policiales.

Tras la firma del acuerdo por parte de la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, la vicepresidenta Ribera ha destacado que los proyectos diseñados permitirán conciliar el impulso a la sostenibilidad y el ahorro energético en el ámbito público con la vertiente de reto demográfico.

Rehabilitar instalaciones con criterios de máxima eficiencia y facilitar una movilidad verde en pequeños municipios y áreas rurales -donde se concentra la mayor parte de las actuaciones- “expresa bien el compromiso de este Gobierno de hacer de la transición energética una oportunidad para las personas y una apuesta de desarrollo justo para todos los territorios”.

En el mismo sentido, el titular de Interior ha subrayado “la obligación de las administraciones públicas de liderar los cambios trascendentales que demanda la sociedad moderna hacia un modelo de desarrollo mucho más sostenible”.

Respecto a la movilidad, el Plan contempla la sustitución de vehículos existentes por 5.882 vehículos nuevos “Cero Emisiones” y la instalación de 3.336 puntos de recarga para vehículos eléctricos en los 1.292 cuarteles de la Guardia Civil para dar cobertura a los nuevos vehículos.

La medida acercará las tecnologías verdes al ámbito rural, donde se ubican la mayor parte de los cuarteles que recibirán las inversiones, y mejorará las capacidades del Instituto Armado para ofrecer servicio a la ciudadanía en las zonas más despobladas del país.

Así, se verán beneficiados 60 municipios de menos de 5.000 habitantes y el 80% de las actuaciones se realizan en municipios de menos de 100.000 habitantes.

En línea con los mandatos del PRTR, todas las actuaciones deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 2023 y cumplir con el principio de ‘no causar un perjuicio significativo al medioambiente’ (Do No Significant Harm por sus siglas en inglés).

El IDAE será el encargado del seguimiento de las actuaciones y, por su parte, el Ministerio del Interior remitirá informes periódicos sobre el estado de ejecución de las mismas.

Las disposiciones normativas nacionales y europeas, así como los objetivos previstos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, requieren que la Administración Pública aborde un proceso de transición energética, con el fin de reducir paulatinamente la demanda energética de los edificios e infraestructuras públicas, reducir la dependencia de combustibles fósiles, introducir tecnologías de alta eficiencia energética, y fomentar las energías de origen renovable y el autoconsumo, así como la movilidad sostenible de los trabajadores del sector público.

El Acuerdo suscrito con el Ministerio de Interior forma parte de un paquete global de 1.070 millones de euros que tiene como objetivo modernizar las administraciones públicas en el ámbito de la transición ecológica, en coherencia con el Pacto Verde Europeo y la Directiva de la Eficiencia Energética, incluyendo medidas dirigidas hacia el ahorro y eficiencia energética, y el compromiso con las energías renovables y movilidad sostenible.

Los objetivos principales del Plan de Transición Energética de la Administración General del Estado son la sustitución de 7.000 vehículos por otros de bajas emisiones y la renovación energética de 1.000.000 m² de superficie en edificios públicos de la AGE.