El anuncio del nuevo paquete de medidas de la Unión Europea, “Fit for 55”, y su intención de prohibir la venta de coches de combustión para 2035, han comenzado a generar las primeras repercusiones en el ámbito del transporte y la política.

Recordemos que el proyecto busca alcanzar el compromiso de que la UE sea neutral en emisiones para 2050, lo que incluye el abandono progresivo de vehículos contaminantes, el despliegue de infraestructura de carga y otras medidas en distintos sectores de la economía.

“El paquete pondrá los trabajos y el balance social en el centro de la transformación”, destaca Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea en el anuncio de las medidas.

A su vez, remarcó que se destinará más de 500 billones de euros a nivel europeo para estas pautas de transición a la sostenibilidad, a lo que se suman los presupuestos nacionales.

Desde la administración española, la primera en manifestarse al respecto fue la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha señalado la importancia de las medidas, las cuales “responden a la necesidad de acelerar el proceso de descarbonización”.

En ese sentido, calificó que “España ha venido demandando esta mayor ambición” y que se analizarán con detalle las propuestas de la Comisión, entre ellas el fomento del hidrógeno verde, por el cual España planea hacer “una apuesta de país”.

La ministra describe al paquete como “no solamente compatible sino congruente” con los planes nacionales, aunque debe destacarse que ciertos puntos implicarían una revisión de la política nacional.

La Ley de Cambio Climático, aprobada este año, establece de fecha para el fin de venta de vehículos de combustión al 2040, por lo que el “Fit for 55” llama a adelantar este proceso en cinco años.

La respuesta de la industria

Tras el anuncio, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), se expresó a propósito de las nuevas directivas, remarcando su compromiso en “reducir a cero las emisiones”.

El comunicado destaca que los miembros de la asociación apoyan el objetivo de la neutralidad climática para 2050.

Sin embargo, se subraya que “prohibir una tecnología no es una forma racional de avanzar en un punto en que Europa todavía lucha por encontrar las condiciones apropiadas para los vehículos alternativos”. Para la asociación, el foco no debe ser solo la restricción sino el impulso a la innovación.

En ese sentido, Oliver Zipse, presidente de la ACEA y CEO de BMW, llama al compromiso por parte de todos los actores involucrados, lo que exige, entre otros puntos, aumentar el despliegue de recarga.

“Esto será esencial para cargar los millones de vehículos eléctricos que los fabricantes llevaremos al mercado en los años por venir”, afirma.

La asociación considera que el objetivo de 3.5 millones de puntos de recarga para 2030 es escaso: según la ACEA, debe trabajarse en un mínimo de 6 millones

Otro punto señalado es la necesidad de que el cese de emisiones fomente la demanda del vehículo eléctrico a la brevedad para poder manejarse el impacto económico y de empleo que esto implicará. “Sin un esfuerzo significativo la meta propuesta no será viable”, destaca el documento.

A nivel de España, el Círculo de la Automoción Neutral in Motion (NIM), en el que intervienen asociaciones como ANFAC, Faconauto y GANVAM, reclamó una descarbonización “progresiva” y sin prohibiciones ante la “presión” por acelerar la reducción de emisiones de CO2.

“En relación con la revisión de la estrategia europea, queremos remarcar el enorme esfuerzo que el sector de la movilidad y la industria de la Automoción están realizando desde hace años en este sentido”, defienden.

El Círculo apela al Gobierno de España para considerar lo llevado a cabo hasta la fecha y a mantener “la línea marcada por la Ley de Cambio Climático” ya que los objetivos fijados por España actuales son de por sí “muy desafiantes”.

Asimismo, se acompaña el pedido de la ACEA en la necesidad de trabajar en incentivos y no prohibiciones.

“La transición hacia un modelo descarbonizado debe buscar la eficiencia regulatoria y la definición de estrategias que incentiven a alcanzar los objetivos”, se destaca.

Esto debe tener en cuenta un mayor desarrollo de la red de carga y ayudas al ciudadano, antes que una prohibición acelerada.

“Apelamos al Gobierno de España para que tome en cuenta estas consideraciones al definir su propia posición respecto a las propuestas de la Comisión”, concluye.