Antes del verano, el presidente del Gobierno anunció que el despliegue de la infraestructura de recarga para el vehículo eléctrico contará con una red de 1.000 puntos para el próximo año y 27.000 más vinculados a las ayudas del MOVES, ¿en qué medida cree que la velocidad y el desarrollo de dicho despliegue es la adecuada para acelerar la transición de la movilidad de combustión a la eléctrica?

Para poder conocer mejor la realidad del despliegue de puntos de recarga de acceso público, desde la Dirección General de Política Energética y Minas del MITERD se está trabajando para disponer de un registro oficial de puntos de recarga.

Según estimaciones del sector, existen cerca de 12.000 puntos de recarga de acceso público, aunque se incrementan día a día.

El Programa de ayudas MOVES III, a finales de agosto 2022, había recibido solicitudes para instalar cerca de 33.000 puntos de recarga nuevos, cifras de solicitudes de puntos tanto de acceso público como privados. El programa seguirá abierto hasta diciembre de 2023.

Los fondos Next Generation EU nos están permitiendo dotar de más presupuesto a los programas dirigidos a incentivar este despliegue y acelerar la consecución del objetivo recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de lograr a finales de 2023, entre 80.000 y 110.000 nuevos puntos de recarga.

Este objetivo es ambicioso, pero estamos avanzando a paso rápido y se están habilitando las medidas que permitirán alcanzarlo, no sólo con la disposición de programas de ayuda con presupuestos elevados.

Sino también modificando el marco legislativo y normativo para agilizar, por un lado, la tramitación administrativa de la instalación de los puntos de recarga y por otro, estableciendo obligaciones para alcanzar un mínimo despliegue, tanto en aparcamientos de edificios no residenciales como en estaciones de servicio.

Este despliegue de puntos de recarga es una oportunidad y un nicho de actividad y de negocio para el sector de los instaladores de puntos de recarga y empresas de instalaciones eléctricas.

Además, el mantenimiento y operación de estos puntos es fundamental si queremos que la experiencia del usuario del vehículo eléctrico sea satisfactoria.

“Este despliegue de puntos de recarga es una oportunidad y un nicho de actividad y de negocio para el sector de los instaladores de puntos de recarga y empresas de instalaciones eléctricas”

El PERTE del Vehículo Eléctrico supone una inversión histórica de 4.295 millones de euros, ¿cómo se debe desarrollar la distribución de este volumen económico para el sector?

IDAE no gestiona el PERTE VEC, su ejecución recae sobre nuestros compañeros del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En mi opinión, este proyecto estratégico constituye una gran oportunidad para que España se posicione no sólo en la fabricación del vehículo eléctrico sino también en la de sus componentes y refuerza el compromiso que venimos demostrando en IDAE desde hace años por la Movilidad Eléctrica.

Todo el Plan, y en especial el PERTE VEC, guarda una consideración especial con las pymes, ya que obliga a las grandes empresas a realizar una colaboración con estas de, al menos, el 30 % en proyectos primarios de innovación organizativa y de procesos.

También esa misma comparecencia del presidente sirvió para poner en marcha el Grupo de Trabajo Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico (GTIRVE), ¿cuáles son los objetivos y las prioridades de su labor y cómo va a desarrollarla?

El GTIRVE nace con el objetivo de escuchar al sector e identificar las principales barreras al despliegue de las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.

Está integrado por administraciones públicas y asociaciones sectoriales vinculadas con la movilidad eléctrica.

En concreto asociaciones presentes como como AFME O FENIE, que representan a los instaladores eléctricos.

Sus principales funciones son:

• Realizar el seguimiento del despliegue de recarga pública en España como aspecto crítico en el desarrollo de la movilidad eléctrica.
• Fomentar la comunicación e intercambio de información entre la Administración General del Estado, administraciones autonómicas y locales y empresas.
• Identificar barreras al despliegue mediante un trabajo conjunto de revisión periódica de la evolución en el despliegue de las infraestructuras de recarga de acceso público.
• Proponer medidas para eliminar las trabas existentes, identificando al órgano competente, para acelerar ese despliegue.

Ya se han mantenido dos reuniones y se prevén actuaciones como la elaboración de recomendaciones de acción a las administraciones, empresas y a la sociedad; establecer un debate a nivel técnico y empresarial.

Fijar objetivos de despliegue acompasados con la penetración de los vehículos eléctricos en el parque y alineados con el nuevo reglamento de instalaciones de combustibles alternativos propuesto por la Comisión Europea.

Así también como revisar los programas de incentivos con la intención de mejorarlos y aclarar dudas interpretativas del marco normativo vigente, sobre todo a técnicos municipales y de otras administraciones que han visto como la tramitación de puntos de recarga ha pasado a ser una parte importante de su labor.

Otro aspecto decisivo tiene que ver con la reforma del Código Técnico de la Edificación que reglamenta la inclusión de puntos de recarga en nuevos edificios, ¿qué valoración puede efectuar de este hecho y qué supondrá de cara al desarrollo de esa infraestructura necesaria para la movilidad eléctrica?

El Gobierno ha desarrollado un importante impulso normativo en los últimos años para incentivar la recarga eléctrica.

La modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) responde a la necesidad de transponer la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios, que establece unas dotaciones mínimas de infraestructura de recarga para los edificios nuevos o que acometan grandes reformas, tanto residenciales como no residenciales.

En los de uso residencial privado se instalarán sistemas de conducción de cables que permitan el futuro suministro a estaciones de recarga para el 100 % de las plazas de aparcamiento.

En aquellos de uso distinto al residencial privado se instalarán sistemas de conducción de cables que permitan el futuro suministro a estaciones de recarga para al menos el 20 % de las plazas de aparcamiento. Además, se instalará una estación de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento, o fracción.

Y en aquellos que sean titularidad de la Administración General del Estado, la dotación será mayor que la establecida con carácter general, debiéndose instalar una estación de recarga por cada 20 plazas de aparcamiento, o fracción.

A esa modificación del CTE hay que sumar lo aprobado en el Real Decreto Ley 29/2021 de 21 de diciembre para edificios existentes, no residenciales, que tengan adscritos aparcamientos de al menos 20 plazas. Se les exige contar con una estación de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento, o fracción antes del 1 de enero de 2023.

Ambas regulaciones suponen un paso más hacia la normalización del vehículo eléctrico en nuestro entorno diario y facilitar en gran manera su recarga.

España ha sido especialmente ambiciosa respecto a lo que se fijaba en la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios ya que adelanta el plazo de cumplimiento para edificios existentes no residenciales al 1 de enero de 2023 y además marca un nivel de exigencia mayor (del doble) para los aparcamientos adscritos a edificios de la Administración General del Estado.

Edificación y movilidad son ámbitos estratégicos para la descarbonización de la economía, con un marco normativo que pretende impulsar la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia energética en ambos.

A su vez, el desarrollo de las infraestructuras para la recarga de los vehículos eléctricos en aparcamientos de edificios contribuirá a la gestión y la flexibilidad energética y el uso de energías de origen renovable, todo ello optimizado gracias a la digitalización.

En su conjunto debemos valorarlo como una oportunidad de empleo y desarrollo económico para el sector de los instaladores y de los propietarios de aparcamientos públicos.

Las baterías son otro factor clave del mercado, se ha hablado repetidamente de las posibilidades de convertir a España en un Hub de la movilidad eléctrica y un paso hacia ello sería adquirir relevancia en la fabricación de baterías, por ejemplo, ¿qué opciones ve para nuestra industria en este sentido y en qué medida cree que Europa puede sufrir una ralentización en el despliegue si se queda fuera de la producción industrial vinculada al vehículo eléctrico?

Recientemente hemos tenido noticias que nos permiten ser optimistas respecto al papel que Europa va a jugar en este sector a nivel industrial y, en concreto, España se está posicionando para tener un papel de liderazgo.

A modo de ejemplo, la Comunidad Valenciana se convertirá en un polo importante de la nueva industria de automoción eléctrica con la plataforma de vehículos eléctricos de Ford en Almussafes o la gigafactoría de baterías de Volkswagen, en Sagunto.

Por otro lado, también se ha anunciado que Seat prevé atraer una segunda plataforma eléctrica para que sus modelos de vehículos eléctricos se fabriquen en las plantas de Martorell y de Landaben, en Navarra. Y otra noticia importante es el anuncio de la gigafactoría de litio que proyecta la multinacional china Envision, en Navalmoral de la Mata, Cáceres, con Acciona Energía como socio.

Todos estos anuncios nos permiten ser optimistas en cuanto al impacto que el impulso a la movilidad eléctrica tendrá en nuestro sector industrial.

En este sentido, parecen decisivos los procesos de I+D+i en torno a la movilidad eléctrica para el avance y despliegue definitivo de la tecnología, ¿qué cauces se establecen desde la Administración para fomentar y favorecer esa innovación y que sea viable también en pymes y empresas de menor tamaño?

En IDAE consideramos que el fomento de la innovación en el ámbito de la movilidad eléctrica será determinante para hacer más accesible esta tecnología, como servicio de movilidad, a unos costes más asequibles.

En 2019 lanzamos un programa de ayudas específico para impulsar la innovación en el sector, el Programa MOVES Singulares, que ya lleva dos ediciones, la primera de ellas con una dotación de 15 millones de euros, incentivó a 25 proyectos singulares y la segunda, con una primera convocatoria de 100 millones de euros, ha incentivado a 89 proyectos.

El pasado 3 de octubre se abrió el plazo de una segunda convocatoria de este Programa que estará vigente hasta el 24 de noviembre y está dotada con 264 millones de euros.

En él se incentivan proyectos relativos a cuatro grandes temáticas: movilidad eléctrica y aplicaciones; infraestructura de recarga innovadora e integración con otras redes inteligentes; aplicaciones de nuevos desarrollos de baterías y almacenamiento eléctrico para movilidad; y proyectos de desarrollo o innovación de nuevos procesos o prototipos de modelos o componentes de vehículos eléctricos.

Se admiten proyectos de empresas o bien de consorcios con o sin personalidad jurídica, para facilitar así una mayor facilidad en la participación de pymes junto a grandes empresas.

El sector eléctrico se queja frecuentemente de excesivas dificultades burocráticas para las tramitaciones de nuevos puntos, también en relación con las ayudas del MOVES, ¿qué valoración hacen desde el IDAE de esas dificultades y en qué medida cree que pueden lastrar la velocidad del proceso?

Somos conscientes de que actualmente hay dos temas en los que se debe seguir trabajando: agilizar la tramitación administrativa para la instalación de los puntos y ver con el sector cómo mejorar los programas de ayuda.

En relación con la tramitación administrativa, una de las dificultades que nos encontramos es que en ella participan distintos niveles de la administración.

Es uno de los trabajos que se desarrollarán en el seno del GTIRVE. Desde el MITERD, se está trabajando y se han logrado avances relevantes en facilitar el marco regulatorio, como por ejemplo, el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, a través del cual se han sustituido las licencias previas por declaraciones responsables, a fin de agilizar la puesta en marcha de los puntos, si bien posteriormente se obtendrán las licencias y autorizaciones necesarias.

En relación con los programas de incentivos, actualmente disponemos del Programa MOVES III y de MOVES FLOTAS, dirigido a flotas de más de 25 vehículos que operen en varias comunidades autónomas. Seguimos trabajando y coordinándonos con las comunidades autónomas, responsables de la gestión del primero de ellos, para agilizar la monetización de las ayudas.

La voluntad de todas las partes es ser lo más ágiles posibles y facilitar la solicitud y el cobro de las ayudas. Al mismo tiempo, se trabaja con el sector para detectar posibles mejoras a los programas de ayudas actuales.

Entrevista realizada por Instaladores 2.0.