En el marco de la transición energética y tecnológica que busca consolidarse en la región, las empresas siguen sufriendo complicaciones al presentarse a los procesos de aprobación para la ampliación de la infraestructura de recarga pública.

“Uno de los principales retos a los que hoy en día nos enfrentamos al pensar en la transición energética es atravesar las trabas administrativas que se presentan a la hora de desplegar infraestructura de carga pública”, advierte Begoña Cubián, analista de electromovilidad en la Dirección de Innovación en Área de Presidencia de Iberdrola.

En diversas ocasiones los procesos van desde 6 a 12 meses, y hasta pueden llegar a extenderse un poco más en algunos casos.

Si bien la empresa reconoce los esfuerzos que se han desplegado para paliar este tipo de conflictos, aclara que «todavía no son suficientes». Cabe recordar que estas gestiones en España son competencia de diferentes administraciones públicas.

Por su parte, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), organismo que regula las condiciones de acceso a la Red de Carreteras del Estado (RCE) tiene pendiente flexibilizar las instalaciones de servicio, puntualmente en lo que respecta a gasolineras, hoteles, restaurantes, puntos de recarga, entre otros.

Para agilizar la colocación de estos puntos, en febrero de 2020 el MITMA aprobó una modificación de la Orden de Accesos que simplifica los trámites en estaciones de servicio ya existentes. 

“Es importante reforzar la coordinación entre los diferentes actores involucrados. Esta mayor vinculación se está produciendo entre los Ministerios de Transporte, el de Transición Ecológica e Industria en diferentes ámbitos como es la negociación del reglamento europeo sobre combustibles alternativos o en la aplicación de la Ley de Cambio Climático”, han planteado frente a esta situación voceros de MITMA en diálogo exclusivo con Portal Movilidad España.

Asimismo, se han simplificado y agilizado los procesos legales que realiza el Ministerio para responder a las solicitudes de autorización de puntos de recarga en la RCE. 

Por otro lado, se está trabajando en la actualización de la Ley 37/2015 de Carreteras y en la 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, con los mismos fines.

Estas son buenas noticias para empresas como Iberdrola que cuentan con un amplio plan de despliegue.

Actualmente se encuentra frente a un macro proyecto para el desarrollo de puntos de carga que prevé una inversión de 150 millones de euros para intensificar la implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en los próximos años.

La iniciativa prevé la instalación de cerca de 150.000 puntos de recarga en los próximos cinco años en hogares, empresas, vía urbana, ciudades, y en las principales autovías.

La apuesta por el despliegue de estaciones de alta eficiencia se concretará en la instalación de estaciones ultra rápidas (350 kW) cada 200 kilómetros, súper rápidas (150 kW) cada 100 kilómetros y rápidas (50 kW), cada 50 kilómetros.

Así se explayó Begoña Cubián durante el webinar “El camino de la electrificación en la próxima década”, organizado por Asepa.