El martes, el Gobierno formalizó la convocatoria para las sesiones extraordinarias del Congreso, que se desarrollarán entre el 1 y el 28 de febrero. 

El decreto incluye 18 proyectos que el Ejecutivo propondrá para su tratamiento, entre los cuales dos están directamente relacionados con la movilidad del país: la Ley de Electromovilidad y la Ley de la Industria Automotriz.

El sector también estaba expectante con otra propuesta: la Ley de Hidrocarburos, la cual planteaba generar un nuevo marco jurídico que fomente la inversión en gas y petróleo. Sin embargo, una vez más, las autoridades decidieron no incluirla en los pliegos de debate. 

De esta manera, la movilidad eléctrica compartirá espacio de discusión y buscará consenso junto a otras temáticas coyunturales de índole económicas, productivas, ambientales y educativas.

Por su parte, el sector automotriz espera se declare a la industria Automotriz Autopartista como “estratégica” y se establezcan beneficios fiscales para nuevas inversiones. 

Los beneficios que implicaría la aprobación de la Ley de Electromovilidad

El proyecto incluye beneficios impositivos, nuevas instituciones y financiamiento de largo plazo, tanto para la oferta como para la demanda. 

Puntualmente para este último se impondrán Bonos Verdes en forma de descuento directo sobre el precio del vehículo y su cargador, y se retirará de la base imponible en bienes personales.   

Serían del 100% al 2030, del 66% al 2035 y 33% al 2040. Sin embargo, no se conocieron declaraciones oficiales al respecto ni detalles de inversiones estatales en materia de infraestructura de carga. 

Uno de los beneficios estáticos para el sector productivo es la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para inversión y amortización acelerada de inversiones por el impuesto a la ganancia.  

En cuanto a beneficios dinámicos para proyectos, se dependerá de los grados de integración. Para fabricantes no terminales se enfoca en la reducción de las contribuciones patronales y estimulando proyectos que promuevan la industria nacional sustituyendo importaciones. 

Asimismo, las perspectivas son a mediano y largo plazo y “buscan generar consensos con la sociedad y un debate parlamentario que promueva el entendimiento entre todas las fuerzas políticas ya que es un plan a 20 años”. 

Con la aprobación de este proyecto, también habrá dos cambios institucionales.

Se creará la Agencia Nacional de Movilidad Sustentable, presidida por el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya misión principal será promover el desarrollo científico y tecnológico para volcarlo al sistema productivo. Además, realizará la observación y vigilancia de las tendencias internacionales, normativa, certificaciones y cambios tecnológicos en el sector.   

Además, se creará el Fondo Fiduciario de la Movilidad Sustentable (FODEMS) que debería garantiza la disponibilidad y sustentabilidad de financiamiento por los próximos 20 años partiendo de diversas fuentes, como el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.