El diputado Hamlet Melo busca modificar las leyes 103-13 y 57-07, a través de cambios que aún son debatidos. No obstante, todavía restará un tiempo para llegar a un acuerdo común, dado que la Legislatura se encuentra enfocada en la pandemia de COVID-19.

“Aunque la ley está hace mucho, el Estado no se ha asegurado de que se ponga en práctica. Además, la misma tiene varios inconvenientes”, afirma Melo.

Luego, explica: “La ley entró en vigencia en el 2007. Sin embargo, no fue hasta dos años después que comenzaron a entrar vehículos. Esto sucedió porque el Estado no hizo las inversiones que debía. Al ser una ley nueva, se requieren incentivos a los inversores y a los consumidores para que sepan que esa normativa es favorable”.

Los cambios apuntan al artículo 3, sobre el ámbito de aplicación; al artículo 4, acerca de los requisitos de importación; y al 23, relacionado a los incentivos fiscales.

Respecto al primer punto, recibirán incentivos “todos los proyectos de instalaciones públicas, privadas, corporativas y/o cooperativas de producción de energía o de producción de biocombustibles”, con demostración previa de su “viabilidad física, técnica, medioambiental y financiera”.

En cuanto a las importaciones, se exige brindar información acerca de las configuraciones, los sistemas internos y las fuentes de energía de los transportes.

Y, en tercer lugar, “los contribuyentes, al transferir vehículos 100% de motor eléctrico, pagarán la tasa del 9% por concepto del ITBIS, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley”.

En este sentido, estos cambios debieron realizarse ya que la ley vigente no es capaz de resolver ciertas cuestiones y termina por complicar el desarrollo de la electromovilidad en el país.

Hamlet Melo, diputado

En consecuencia, Melo explica que, por ejemplo, aunque se reducen los impuestos del vehículo al entrar al país un 50%, ese beneficio solo corresponde al importador. Es decir, esta reducción tarifaria no se traslada a un tercero en caso de vender el vehículo, y, por lo tanto, no favorece a quien quiera invertir en este tipo de movilidad.

Otro caso similar de desencuentros entre la normativa y la realidad es el que ocurre con las motocicletas eléctricas. La gran mayoría de estas pesan un kilo en adelante y, sin embargo, la ley establece facilidades a partir de los diez kilos.

Hoy, hay compañías que compraron estos vehículos para usarlos en mensajería y delivery. No obstante, no pueden ajustarse a la ley cuando llegan a la aduana porque solo se tienen en cuenta a las motocicletas de mayor peso.

“Lo que sucedía es que las motos debían andar sin placa porque el órgano rector no podía emitirlas, dado que la ley no contemplaba a las eléctricas. Debió publicarse una resolución interna para generar finalmente placas”, destaca el funcionario.

Como estos, la ley vigente tiene muchos baches, perdiéndose así la posibilidad de un desarrollo real de las energías limpias en el país.

“Lo que falta ahora es ponerse de acuerdo, en especial por parte del Estado para que ejecute incentivos y políticas públicas. Debemos trabajar para que podamos, en un período corto, realizar una verdadera transformación”, cierra Melo.