El municipio de Guatemala recibió asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para realizar estudios técnicos que consideren la incorporación de buses a través de procesos de licitación y con la particularidad que la tecnología requerida sea eléctrica.

Jaime Alberto Morales, consultor de Movilidad Eléctrica en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Guatemala, adelanta a Portal Movilidad que desde la gerencia de movilidad están considerando comprar varios buses para el área metropolitana.

La prioridad es analizar la conveniencia en la compra de equipos para la zona 5 para donde necesitan 17 unidades, para la zona 3 se destinarían 10 y para la zona 15, 15.

Actualmente desde MOVE se están organizando reuniones para las autoridades guatemaltecas con los diferentes operadores como Metbus de Chile, MiBus de Panamá y Gran Américas Fontibón de Colombia para conocer sus experiencias, procesos y aprendizajes en financiamiento y gestión.

“Si económicamente funciona, las gestiones se dan. Hoy están evaluando los modelos financieros y la factibilidad, es una institución auditada por lo que deben estar bien fundamentadas las decisiones”, menciona Morales.

Por tanto, sostiene: “Hay mucho interés en comprender las economías y si estos números se dan, que se pueda migrar a movilidad eléctrica”.

Se espera que la decisión se tome en el transcurso del año, aunque no hay período estipulado.

En este proceso de asistencia de las Naciones Unidas a través del programa «Avanzando con un enfoque regional hacia la movilidad eléctrica en América Latina», también se realizan los estudios y análisis para determinar cuáles son las barreras en ese mercado.

Como en el resto de los países, el principal es el precio elevado que aplica a los diferentes segmentos y el más evidente es en los automóviles.

En base a esto, se realizarán recomendaciones operativas, financieras y legales, entre otras,  sobre medidas a tomar. Además se pretende presentar modelos de negocios para incorporar unidades eléctricas a otras entidades del Estado que tienen flotas vehiculares.

En este marco se conformó el grupo de trabajo de movilidad eléctrica conformado por los ministerios de Energía y Minas; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Finanzas Públicas; Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; y se espera incorporar a la Superintendencia de Administración Tributaria así como otras instituciones estatales que tengan autoridad competente en esta área.

Una de las iniciativas a promover son los incentivos fiscales dentro de un plan nacional de promoción de la movilidad eléctrica que permita definir medidas específicas.

El impuesto a la introducción de un vehículo eléctrico es del 5%, mientras que el de combustión paga el 20%, pero la sugerencia es quitarlo completamente por un tiempo. En esta misma línea, se solicita lo propio con el impuesto anual a la circulación y tasas preferenciales para los repuestos.

“Si bien al momento no son medidas oficiales, hay un acuerdo de tratarlos en agenda y de llegar a consensos para alcanzarlos. Previo a eso se deben recabar experiencias de otros países para identificar todos los elementos institucionales y acuerparlos”, indica Morales.