El Gobierno tiene decidido ir a fondo para acelerar la transición energética y cumplir con todos los retos verdes plasmados para 2030. También simplificará los requisitos para un despliegue más rápido de las electrolineras, los puntos de carga de los coche eléctricos. 

La medida, al cabo, es similar a la adoptada con la infraestructura de las renovables (solar y eólica). A finales de diciembre, en la actualización del decreto anticrisis, Moncloa rebajó las evaluaciones ambientales de estos proyectos para que las inversiones no se atasquen por culpa de la burocracia.

La decisión está siendo impugnada por la mayoría de los colectivos ecologistas y por las fuerzas políticas que representan los intereses de «los territorios de sacrificios», las superficies (cientos de comarcas) que, según estas denuncias, será víctimas de una «enorme burbuja» que tendrá «enormes impactos ambientales».

Ahora, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana prepara un medida similar (un decreto ministerial) para agilizar las inversiones en la infraestructura de carga de los vehículos eléctricos.

En España, según los últimos datos brindados por la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), las electrolineras crecen a un ritmo inferior del necesario.

A finales de septiembre (último dato publicado), España contaba con 16.565 puntos de acceso público.

El objetivo para el 2022 era alcanzar los 45.000. A este ritmo, es prácticamente imposible llegar a los 340.000 estaciones eléctricas para 2030, meta proyectada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Por eso, el Gobierno se plantea modificar la normativa que rige desde1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio. Para lograr «una mayor agilidad en el proceso de autorización de las instalaciones de puntos de recarga».

El sector denuncia que hay más de 200 inversiones trabadas por la «lentitud burocrática».

La nueva orden ministerial, según el borrador al que tuvo acceso elEconomista.es, introduce la opción de presentar una «declaración responsable» como único requisito para obtener la luz verde estatal.

En ese documento, el titular de la autorización de la instalación deberá manifestar «que ostenta la titularidad de la instalación principal» y que «se muestra conforme con la actuación solicitada por el interesado, en la forma que se recoge en el contrato celebrado entre ambas partes, que se deberá adjuntar como anexo a la declaración responsable».

Esto permitirá -apunta el documento- reducir «las cargas administrativas del procedimiento y el plazo de resolución del expediente» y por tanto, impulsar «el despliegue de la red de puntos de recarga eléctrica en el ámbito de la red de carreteras del Estado».

Desde el Gobierno explican que esta simplificación forma parte del conjunto de reformas que establece el plan de agilización del despliegue del vehículo eléctrico incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaticinó que España va a ser «líder mundial» en la fabricación de vehículos eléctricos.  Sin embargo, la expectación del Ejecutivo respecto al crecimiento del mercado del coche eléctrico no se condice con los datos y estadísticas de un sector que, por el momento, sigue sin arrancar.

Si bien el mercado electrificado mejoró respecto al 2021 (+19%), su ritmo de entrada sigue siendo «muy lento», representando solo el 8,8% del mercado total, según las cifras de Anfac.

España tendría que haber vendido 120 mil unidades electrificadas en 2022 para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones para el 2030 marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Sin embargo, la cifra final fue de 78.329, tan solo el 65% de la meta oficial trazada.

«El ritmo de penetración es extremadamente lento. De seguir así, España no va a cumplir sus objetivos de descarbonización, con el problema añadido de que estamos lejos de la media europea y en el furgón de cola a nivel continental», advierte José López-Tafall, director general de esta organización, según informó La Política Online.