El viceministro de Ahorro Energético del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Alfonso Rodríguez, sostuvo que el Gobierno ha sostenido varias reuniones con las empresas ligadas al sector de la electromovilidad para conocer de qué forma pueden recibir apoyo del Estado, pero aún no se ponen de acuerdo, ya que cada quien quiere algo diferente.

“Los distribuidores de vehículos y de cargadores aún no tienen un requerimiento claro de cómo aumentar el mercado”, subrayó.

En cuanto a la recomendación de InterEnergy Systems y la Asociación de Movilidad Eléctrica de República Dominicana (Asomoedo), donde plantean mayores incentivos a los vehículos eléctricos en RD, Rodríguez mencionó que los autos eléctricos ya tienen una exoneración de un 50%.

“¿Qué más se requiere? ¿Que sea de un 100%? Porque nadie tiene un estudio que afirme que si hacemos esa reducción aumentaría su venta”, añade.

Según Rodríguez, están trabajando en un acuerdo que permita la instalación de cargadores residenciales para los vehículos eléctricos.

De acuerdo con el funcionario, hay incentivos y se están otorgando todas las facilidades para un transporte eléctrico masivo, para que cualquier empresa o persona lo pueda aprovechar.

La Ley 103-13 de Incentivo a la Importación de Vehículos de Energía no Convencional permite que al importarlos solo paguen el 50% del Impuestos a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), la mitad del valor de la primera placa y del arancel, esos beneficios no los percibe el consumidor final.

Los concesionarios importan los vehículos con esos beneficios, pero cuando los venden, Impuestos Internos les hace cargarle el 18% del ITBIS al comprador, lo cual es un bache en la aplicación de la ley.

Los concesionarios importan los vehículos con esos beneficios, pero cuando los venden, Impuestos Internos les hace cargarle el 18% del ITBIS al comprador, por lo que entienden es un bache en la aplicación de la ley.

Valor de la tarifa

En República Dominica no existe un marco regulatorio que establezca el valor de la tarifa, lo cual convierte a las empresas que tienen cargadores eléctricos en sus establecimientos en el consumidor final de la distribuidora, pero no les da concepción de revender esa energía.

Es decir, ese modelo carece de una regulación que permita que se pueda hacer algún tipo de cargo de transacción económica con la reeventa a los usuarios o consumidores finales de la energía destinada a la carga de vehículos eléctricos.

“Definitivamente tiene que existir una figura regulatoria que permita remunerar la carga de los autos eléctricos”, menciona el titular de la Superintendencia de Electricidad (SIE), Rafael Velazco.

El Gobierno dominicano, aunque ha hecho estudios en ese sentido, no contaba con una política de incentivos, sino que la iniciativa ha sido liderada por el sector privado.