El año cerrará sin que el cronograma deseado por el Poder Ejecutivo para impulsar el Tren Rápido de Pasajeros (TRP), conocido como Tren Eléctrico Metropolitano (TEM), se cumpla.

A estas alturas las ideas del gobierno y del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) eran contar con la aprobación legislativa del crédito de $550 millones otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) como parte del aporte estatal al proyecto.

El 4 de mayo pasado el Poder Ejecutivo presentó el esquema actual del proyecto y planteó un listado de fechas tentativas: procuraba iniciar el proceso licitatorio en setiembre de 2020 y concluirlo en setiembre de 2021. Además, pretendía girar la orden de inicio de la concesión para octubre de 2021 y la finalización para octubre de 2022.

Ese mismo plan señalaba la orden de inicio de la etapa constructiva para el segundo semestre de 2022 y la puesta en operación de la línea 1(San José-Paraíso) para 2025.

La apuesta ahora es iniciar el proceso licitatorio en el primer semestre de 2021. Este trámite se desarrollaría durante todo ese año.

De igual forma, la fecha de inicio de la construcción llegaría en 2023.

Los impactos asociados a la pandemia por el coronavirus COVID-19 y la discusión política sobre la viabilidad del proyecto frenaron el ímpetu del gobierno.

Sin embargo, Rodolfo Méndez, ministro de Obras Públicas y Transportes, confía en que el próximo año el impulso a la propuesta se retome con nuevos bríos. “Todo sigue en perspectiva. Los detalles, propiamente, los tiene que contestar el Incofer. Sí. Yo diría que el próximo año se puede avanzar. No soy la persona indicada para hablar de plazos, pero obviamente el esfuerzo que se ha realizado trasciende a esta Administración. Es una obra sumamente importante. Es una transformación en el esquema del transporte público de la Gran Área Metropolitana (GAM) y más allá. Es deseable que se pueda ejecutar cuando las condiciones lo permitan”, expuso el jerarca.

La inversión estimada es de $1.550 millones. El Estado aportaría $550 millones con el préstamo del BCIE y el restante sería asumido por el concesionario que resulte adjudicado.

No obstante, las arcas estatales brindarán un aporte anual de entre $50 millones y $150 millones a la operación del servicio (el monto inicial sería sobre los $95 millones).

Hasta la fecha, ni el gobierno ni el Incofer han dicho de dónde saldrán los recursos frescos para financiar ese subsidio.

El trazado del tren eléctrico, que se daría en concesión a una empresa privada, se extendería por 84 kilómetros con 5 líneas sobre el derecho de vía actual de Incofer: Paraíso-Atlántico, Atlántico-Alajuela, Alántico-Ciruelas, Alajuela-Ciruelas y Ciruelas-El Coyol.

Las estimaciones iniciales apuntan a que el servicio tendría una tarifa de 600 colones. La demanda estimada en el modelo es de 22.574 pasajeros en hora pico (en el año de inicio de operación), lo cual representaría aproximadamente 200 mil pasajeros diarios y 50 millones de pasajeros al año. Un primer paso para 2021 será retomar la discusión del crédito del BCIE en el seno de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa.

Así lo informa el medio local crhoy.com