Pese a que la pandemia retrasó la adopción de vehículos eléctricos en las flotas de las entidades públicas colombianas, el objetivo, pensado a 2030, aún continúa en marcha. Sin embargo, hay algunas dificultades que se deben resolver para acelerar esta transición.

“Tras la recuperación económica del país en 2021, esperamos que en los años próximos las entidades puedan paulatinamente hacer su recambio, aprovechando que llegan más vehículos eléctricos al país y sus costos se están reduciendo”, afirma Lina Escobar, subdirectora de Demanda de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), durante el ciclo Personalidades organizado por Portal Movilidad. 

Para esto, será clave una herramienta desarrollada por UPME que le permite a los tomadores de decisiones de las entidades públicas, que no son expertos ni en vehículos ni energía, avanzar con la transición a carros eléctricos. 

“Una de las dificultades de los entes públicos para adquirir activos, en general, es poder demostrar que se trata de un gasto justificado. Además que es la opción, dentro de las alternativas en el mercado, más económica para hacer un uso eficiente de los recursos públicos”, indica. 

En ese sentido, más allá de que exista una ley que obliga a realizar la transición hacia unidades cero emisiones, para Escobar “uno de los primeros retos es convencer a quienes toman las decisiones en las entidades públicas”. 

Y es aquí donde entra en juego la herramienta mencionada previamente, que permite conocer cuáles son las posibilidades que tiene la flota de minimizar el costo de propiedad, no solo la inversión inicial, en base a sus necesidades. 

Es interactiva y las oficinas del Estado deben cargar los detalles de su flota con la cantidad de vehículos, marcas, modelos, kilometrajes y pasajeros. En tanto a las restricciones, en primer término, se evalúa el presupuesto disponible. Además, hay que señalar si el objetivo es reducción de costos o también cumplir con el estándar de emisiones.

Al final arroja una sugerencia de modelo adaptado al parámetro de costos pero que también respete el rendimiento necesario.

Al mismo tiempo, para acelerar la adopción de nuevas tecnologías, como las que conlleva la electromovilidad, para Escobar es necesario concebir a las normas con mayor flexibilidad y apertura. 

“La llegada de las nuevas tecnologías nos hace repensar cómo se regula y se lanzan las señales de políticas públicas a nivel energía y transporte. Tenemos que hacer el esfuerzo para pensar qué tipo de tecnología puede llegar en el futuro y cómo podemos integrarla de forma automática, con la menor fricción posible”, indica.

Luego, cierra: “También hay que poder demostrar al usuario cómo impacta la decisión de comprar una u otra tecnología en el medio ambiente. Esto no es tarea fácil”. 

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