En julio de este año el Gobierno de España lanzó el Plan Moves III, permitiendo que los ciudadanos interesados en comprar vehículos eléctricos puedan solicitar las ayudas para adquirirlos, como así también para el desarrollo de infraestructuras de recarga.

En este plazo se y particularmente en el Ayuntamiento de Madrid desembolsaron un total de 37.081.000 € para la adquisición de coches y 15.893.173,05 € para cargadores, dichos montos previstos para que estén disponibles hasta el 2023. Pese a las previsiones, en menos de dos meses ambos fondos se agotaron por la alta demanda.

Frente a esta realidad, los propios representantes de las Administraciones públicas reconocen que ya las ayudas no son suficientes para la demanda que se está comenzando a generar.

Es así, que el director general de Descarbonización de la Comunidad de Madrid, Fernando Arlandis asegura: “Con este apoyo, del 15% del coste del vehículo eléctrico, no vamos a conseguir nada”.

A raíz de esto es pertinente analizar que actualmente el parque vehicular español está integrado, según los datos emitidos a finales del 2020, por unos 29,7 millones de unidades, cifras que de cara al cierre del 2021 puede ser mucho mayor.

De este total, tan solo hay en las calles unos 150.000 vehículos eléctricos, lo que supone alrededor del 0.4 % del parque móvil, pero el objetivo impuesto supone que antes del 2030 deben alcanzarse al menos los cinco millones.

Tras la emisión del Plan Moves III se ha visto un fuerte impacto en las matriculaciones de este segmento, ya que entre junio, julio y agosto el crecimiento ha sido notable.

Desde el pasado mes de junio, se han impulsado las ventas de vehículos eléctricos de todo tipo a un  205,7% con un total de 1.012 unidades vendidas en toda España. 

Pese a esto, el objetivo no deja de ser exigente frente a las subvenciones provistas por el estado, las cuales según el encargado de descarbonización del ayuntamiento madrileño, alcanzan para que cada dos años se puedan cambiar 7.000 vehículos. 

“Si queremos descarbonizar la economía, la parte más importante debe tener que ver con la electrificación del transporte y aquí el vehículo eléctrico será la clave”, confirma en este sentido Fernando Arlandis.

A su vez, frente a estas solicitudes se ha barajado la posibilidad de que el Gobierno central aumente el presupuesto del Moves III

En un primer momento se han previsto 400 millones de euros, cifra que podría llegar a ampliarse hasta los 800 millones, en el caso de ser necesario. A su vez, se encuentra la posibilidad de que se puedan absorber fondos no utilizados en otras comunidades autónomas, aunque debe esperarse hasta julio de 2022.

Esto se debe a que la normativa vigente plantea: «Podrá exigirse el reintegro anticipado al IDAE de un porcentaje del 50% del presupuesto no comprometido por las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, si a los 15 meses desde la publicación de este real decreto –13 de abril–, se constata un grado de compromiso del presupuesto asignado a cada una de ellas inferior a un porcentaje del 80% del mismo».

De esta manera, no solo se esperaba la renovación de este tipo se subvenciones, sino que también se considere la ampliación de las mismas para poder hacer frente a las exigencias que se han impuesto desde el contexto internacional.

Recientemente, tras la realización de la COP 26 la vara para la descarbonización ha quedado más dura, ya que se ha impuesto que de cara al 2035 todas las ventas de coches y furgonetas nuevos sean de cero emisiones. Aunque España no ha firmado este último acuerdo legalmente no vinculante, se espera que pronto adjudique las normativas que emita la Unión Europea bajo esta misma línea.