Este año 2022 estuvo marcado por votaciones de relevancia para el impulso de la movilidad eléctrica dentro de la Unión Europea: el fin del motor de combustión y la regulación para baterías.

En la agenda de la Unión restan dos votaciones: la regulación de infraestructuras de combustibles alternativos y las directivas de rendimiento energético de los edificios.

Ambas propuestas están desde hace tiempo dentro del Parlamento, enmarcadas dentro del Pacto Verde Europea.

Portal Movilidad España consultó sobre la fecha oficial para la definición de ambas a la Asociación Europea del Vehículo Eléctrico (AVERE)

Las fechas dadas son:

• Infraestructura para combustibles alternativos (AFIR): el Comité de Tránsito y Turismo (TRAN) votará en el mes de octubre. Luego pasará a definirse en el Parlamento en octubre o noviembre.
• Rendimiento energético de los edificios: el Comité de Industria, Investigación y Energía (TRIEN) votará el 26 o 27 de octubre. Llegará a definirse en el Parlamento en noviembre o diciembre, aproximadamente. 

Al respecto, AVERE comenta sobre la regulación que involucra a los edificios: “Será clave para permitir la recarga en casa y en el destino y, por tanto, para que los conductores de todo el mundo puedan cargar donde más les convenga”.

Los usuarios de vehículos eléctricos tienden a recargar en su hogar y es elegido más conveniente y barato. El 75% de los propietarios en Europa tienen acceso a la recarga en casa.

Igualmente, según la consultora McKinsey & Co., la carga doméstica será menor para 2030. Pero seguirá cubriendo entre el 40% y el 45% de todas las necesidades de recarga.

En lo que respecta a AFIR, la asociación se muestra a favor de tratar la actual Directiva Europea de Infraestructura de Recarga para convertirla en una normativa.

“La conversión en un reglamento garantizará una aplicación rápida y directa, apoyando una red coherente e interoperable para los usuarios privados y profesionales”, afirma.

AVERE señala una serie de pautas a tener en cuenta a la hora de legislarse la propuesta:

• Aclarar la definición de infraestructura «de acceso público».
• Eximir a las infraestructuras existentes de los impactos retroactivos, que pueden perjudicar su negocio y la experiencia del consumidor, a menos que se especifique explícitamente lo contrario.
• Proporcionar períodos de transición adecuados cuando los requisitos de retroadaptación sean explícitamente introducidos por los legisladores.

“Apoyamos firmemente establecer objetivos vinculantes a nivel nacional en el marco del AFIR revisado”, comentan.