La organización Transport & Environment (T&E) ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a elaborar y aprobar un real decreto que establezca la obligatoriedad de implementar las zonas de bajas emisiones (ZBE) en los municipios de más de 50.000 habitantes antes de 2023.

Plantearon que el desarrollo normativo es «fundamental» para establecer unos criterios y requisitos mínimos comunes.

Además, sostienen que debe asegurarse su eficacia como herramienta crucial en la reducción del dióxido de carbono (CO2).

Este real decreto debe unificar los criterios de tipología de vehículos que pueden acceder a las ZBE, según T&E.

En estas zonas solo deberían poder acceder vehículos particulares y comerciales que sean ‘cero emisiones’ o de bajas emisiones que no superen los 95 gramos CO2/km en ciclo WLTP.

Para ello, resulta «necesario incorporar» un umbral de emisiones de CO2 en el sistema de distintivos ambientales de los vehículos.

Además, para lograr que estas zonas definidas sean efectivas en la lucha contra el cambio climático deben tener el tamaño suficiente, de modo que «provoquen un trasvase desde la movilidad contaminante hacia modos más sostenibles».

Han apuntado que ciudades como Zaragoza que quieren acotar su ZBE únicamente al casco histórico.

Otros casos como Salamanca esperan que esta sea un área dentro del centro de la ciudad, que en gran parte ya no tiene tráfico, según informó Europa Press.

«Una medida de tanta importancia como es el establecimiento de zonas de bajas emisiones para la lucha contra el cambio climático y la contaminación atmosférica no puede dejarse en exclusiva a la voluntad arbitraria de la administración local», sentenció el portavoz de T&E España, Carlos Bravo.