México busca sostener su posición como uno de los principales productores y exportadores globales de vehículos. En el marco de la electrificación del parque en Estados Unidos y Europa, hacen falta medidas de planificación cumplir este objetivo.

En ese sentido, desde el Gobierno Nacional se viene elaborando una Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME) que debiera ser publicada por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Según la experta en electromovilidad y energía, Yolanda Villegas, el pie necesario para dar marco normativo a la movilidad eléctrica es la publicación de la misma.

“No existe una ley de electromovilidad, se está trabajando en una política pública en torno a una estrategia nacional de movilidad eléctrica. Como sistema inverso, de ello saldrá la ley de electromovilidad”, explica la especialista.

En torno a los puntos centrales para la regulación del sector, destaca la reducción progresiva de aranceles para la importación de unidades eléctricas y aplicación. En ese sentido, la política planificada debería tener alcance hacia 2030.

Por otra parte se menciona la deducibilidad de los activos cuando los vehículos cero emisiones prestan un servicio a terceros.

“Esto reduce la huella de carbono en las ciudades. Un taxi, por ejemplo, se utiliza tres veces más que un vehículo privado convencional”, explica Villegas.

En torno a estos puntos, también es preciso aportar normativa de certificaciones de calidad y seguridad.

Sobre la infraestructura de carga, la experta indica que la homologación de los cargadores y el cobro de la carga debieran estar presentes.

Cabe destacar que, además de la SEMARNAT, próximamente entrarán en aplicación las recomendaciones expuestas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En la misma se incluye la homologación con criterio de adaptación al mercado norteamericano.

Sin embargo, la ejecución del plan se centrará en la infraestructura para la inversión extranjera y en el capital humano.

De esta manera, desde cancillería se apunta a atraer capitales extranjeros y responder a la estrategia nacional de nearshoring impulsada por Raquel Buenrostro, secretaria de Economía.

¿Por qué hace falta contar para el desarrollo comercial regional?

El principal comprador de vehículos de México es Estados Unidos, país donde el gobierno ha incentivado la utilización de vehículos eléctricos. Inclusive estados como California cuentan con metas en el corto plazo para prohibir la venta de vehículos a combustión.

Ante esta situación, México cuenta con una oportunidad para colocar sus vehículos eléctricos en el mercado. De no contar con condiciones para la inversión y el aumento del volumen de producción de esta tecnología, esa oportunidad se verá opacada.

A pesar de no disponer de una estrategia o una política pública planificada hacia todos los actores, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha lanzado un primer paquete de incentivos para el sector.

Se trata de beneficios fiscales para aquellas empresas del sector de la movilidad eléctrica que instalen sus plantas en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Allí se colocarán diez parques industriales donde la electromovilidad y otros insumos aledaños a la producción de vehículos eléctricos tendrán sus incentivos.

Los mismos comprenden la reducción del 100% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante tres años y hasta un 90% en los tres siguientes. Esto último dependerá de variables como el número de puestos de trabajo creados.

También la exención del IVA en las operaciones en el interior, inclusive dentro de los mismos polos y la depreciación desacelerada de las inversiones por un período de seis años.

Desde las asociaciones automotrices se celebra este paso, aunque también se espera la ejecución y el desarrollo de condiciones en infraestructura, capital humano y proveeduría energética.

Leer más: Electromovilidad entre las 11 actividades que se instalarán en el corredor interoceánico.