Faconauto ha abogado ayer por ir a un modelo de exenciones o incentivos fiscales para particulares y empresas como herramienta para impulsar tanto la expansión de los vehículos eléctricos como la instalación de puntos de recarga.

Así lo ha indicado su vicepresidenta ejecutiva, Marta Blázquez, en el trascurso de una comparecencia ante la Subcomisión de Infraestructuras de Puntos de Recarga Eléctrica y de Hidrógeno en el Congreso de los Diputados.

En concreto, ha propuesto que se produzca una transición, desde los actuales modelos de ayudas nacionales o autonómicas, a un modelo de deducción directa en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades cuando se adquiera un vehículo eléctrico o se instale un punto de recarga.

“Esto redundaría sustancialmente en impulsar la decisión de instalar puntos de recarga adicionales a los de iniciativa pública y funcionaría de palanca para la expansión del coche eléctrico», ha recalcado Marta Blázquez.

Ademas, agregó: «Esto ya ha ocurrido en la Comunidad Foral de Navarra, donde sus ciudadanos cuentan con una exitosa deducción directa en la declaración de la renta».

Faconauto ha pedido que se activen todas las palancas posibles para acelerar la descarbonización de la movilidad, que actualmente se ve muy lastrada.

Esto se debe a que España cuenta con uno de los parques automovilísticos más envejecidos de Europa (13,5 años de media), por la escasa matriculación de vehículos eléctricos y por la insuficiente instalación de puntos de recarga de acceso público.

Para avanzar en ese objetivo de descarbonización, la patronal ha propuesto otras cinco medidas a la Subcomisión.

En primer lugar, establecer objetivos vinculantes para la instalación de puntos de recarga, que tendrían que abordarse con la colaboración y el concierto entre las Administraciones Públicas y el sector privado.

Al respecto, habría que poner especial atención en mejorar la cobertura en los territorios y en la ciudades, así como acelerar el acceso a puntos de recarga ultrarrápidos.

Ordenar la normativa

Otro de los puntos clave a juicio de Faconauto es ordenar la dispersa normativa existente respecto a la instalación de puntos de recarga.

Por ello se busca promoveer la publicación de una guía compilatoria y, en un segundo paso, reducir las normas aplicables y hacerlas más sencillas para los próximos años, de tal forma que las empresas, operadores y usuarios tengan unas pautas regulatorias accesibles y sencillas.

De igual modo, ha indicado que uno de los principales escollos para promover las infraestructuras de recarga y su despliegue masivo sigue siendo la dificultad a la hora de gestionar su instalación.

Para esto, ha propuesto unificar las autorizaciones de las distintas administraciones, reduciendo y simplificando al máximo los plazos, facilitando el acceso telemático o avanzando hacia un sistema de ventanilla única.

Faconauto ha resaltado que la actual implementación de Zonas de Bajas Emisiones en la ciudades de más de 50.000 habitantes es una oportunidad para acelerar la electrificación. Sin embargo, ha pedido que, en el proceso, se evite una jerarquización de formas de movilidad que sitúen al vehículo particular al margen de otros medios de transporte.

“Dejemos libertad al ciudadano con el medio de transporte que elija, siempre que sea respetuoso con el medio ambiente. Para eso existen mecanismos tan útiles como los distintivos ambientales de la DGT», comentó Marta Blázquez.

«Será también la forma de luchar contra una medida de edad de nuestro parque que supera los trece años, una autentica lacra, si lo que se pretende es mejorar la calidad del aire”, agregó.

Por último, y en la misma línea de simplificar procesos, se busca poner en marcha tecnologías comunes que permitan el acceso al servicio de recarga del vehículo eléctrico a través de una misma interfaz.

Esto, independientemente del suministrador u operador, evitando que el consumidor deba disponer de diferentes aplicaciones en su móvil.

Faconauto es la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas de turismos, vehículos industriales y maquinaria agrícola presentes en el mercado español.

Representa los intereses de 2.042 concesionarios de los que dependen aproximadamente las 3.276 empresas del segundo nivel de distribución (agencias y servicios oficiales), lo que totaliza más de 5.300 pymes de automoción.

Estas empresas generan 153.425 empleos directos, una facturación de 35.895 millones y representan el 3% del PIB.