La región latinoamericana avanza en la incorporación de e-buses en selectos sistemas que permiten la incorporación de estas tecnologías. Pregunta habitual es: ¿Qué impide que la masificación de este sistema de transporte público se concrete en el corto plazo?

A nivel regional una de las respuestas al interrogante puede ser que los sistemas de transporte público son muy atomizados. Esto genera que cueste mucho establecer nuevas normas o contratos con los dueños de los micros (por lo general pequeños empresarios) y cambiar las actuales condiciones de operación desde un esquema diésel a eléctrico.

En este sentido, Celia Iturra, consultora de CitiesForum, menciona: “Desde el punto de vista de la autoridad, se requiere que éstas realicen esfuerzos en orden a establecer esquemas de regulación y/o contratación más exigentes a los actuales donde se empujen mejoras en calidad de los servicios de transportes, como es introducir e-buses en lugar de los convencionales diésel”.

En definitiva, uno de los grandes inconvenientes es la estructura de administración de los sistemas de transporte público.

“Los esquemas de licitaciones y capacidad de negociación que tiene la autoridad sobre pequeños empresarios -que están en su legítimo derecho de ejercer su actividad económica- es una tarea que deben realizar a fin de establecer las condiciones de regulación de los sistemas como una vía para mejorar el transporte en nuestras ciudades, considerando además la realidad local y esquemas de costos y operación que permiten darle viabilidad a los cambios que se pretenden”, remarca Iturra.

El caso de Chile

Conocido es que el transporte público de Santiago es uno de los pioneros en la incorporación de e-buses, que al momento cuenta con más de 700 unidades en servicio y una licitación en curso.

Sin embargo, esta tecnología únicamente está presente en el Sistema Red (ex Transantiago) y en lo que se refiere a regiones no hay demasiadas certezas más allá de anuncios de licitaciones para Concepción, Temuco y Antofagasta.

Al respecto el consultor Guillermo Muñoz, destaca: “En las regiones –y es un déficit que se arrastra de varios años- hay un paso previo que no se ha dado”.

Y agrega: “La introducción de esta tecnología es “fácil” en un ambiente como el Transantiago en el que hay regulación, empresas que están a cargo de prestar el servicio pero en regiones, todavía, este paso de formalizar la actividad, pasar de una prestación de servicio individual prácticamente a un servicio regulado y entregado por empresas formales en la mayoría de las ciudades de Chile no se ha dado”.

“Se requiere de una mayor decisión política para poder introducir los cambios que van a ir tendiendo a una modernización y mejora en la gestión de las empresas y el centralismo en Chile genera ciertas barreras en la gestión hacia las distintas regiones”, remarca quien fuera Director de Transporte Público Metropolitano (ex Transantiago) entre 2014 y 2018.

Otro de los expertos consultados es Carlos Melo, Académico en la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, quien refiere sobre los anuncios de licitación en regiones: “Es difícil visualizar cómo se va a producir eso sobre todo en un marco donde está en cuestionamiento el modelo de negocio general y el marco regulatorio que rige al transporte público en regiones”.

Un dato no menor es que la antigüedad promedio de renovación de flota en estos espacios territoriales de Chile es de diez años pero el máximo permitido es de catorce años en algunos casos.

“Una autoridad tiene que mostrar a través de pilotos que el sistema es factible”, advierte Melo y concluye: “La clave pasa por el marco regulatorio”.