Mientras los países se preparan para reunirse en la COP26 en Glasgow y finalizar el reglamento del Acuerdo de París, todavía en cada país y cada ciudad, uno se pregunta, ¿Cómo lo vamos a implementar?

Estamos de acuerdo en que mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de 1,5°C es esencial para la supervivencia de la humanidad. Es legítimo cuestionarse si tenemos las soluciones para alcanzar este objetivo, y cómo estas soluciones pueden desplegarse, especialmente cuando se necesita más que nunca reducir la pobreza y la desigualdad, así como asegurar la recuperación económica en un contexto de pandemia COVID-19.

Implementar buses eléctricos en la región de América Latina y el Caribe constituyen un caso interesante y particular porque: (i) tienen un rol clave en la recuperación económica, pues más del 50% de la población usa transporte público para acceder a oportunidades económicas y sociales; (ii) son parte de la solución a la crisis climática, reduciendo las emisiones de GEI, pero más que todo electrificando la demanda de energía lo que central en la transición energética necesaria para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París; y (iii) cuestan el doble de los buses diésel y se pueden ver como un juguete para países ricos, pero como algo imposible para los países de la región.

Entonces ¿por qué varios gobiernos latinos han incluido la incorporación de buses eléctricos en sus compromisos nacionales (NDC) para cumplir los objetivos del Acuerdo de París (COP26)? Más importante, ¿Cómo han logrado estructurar proyectos exitosos?

Estos esfuerzos reconocen también otros beneficios locales y no globales de los buses eléctricos cómo el mejoramiento de la calidad del aire, la disminución de ruido y vibraciones, el mayor confort y comodidad y los menores costos de operación y mantenimiento, por citar algunos.

Desde 2018, el BID ha apoyado más de 14 ciudades en la región para superar las barreras que impiden una mayor adopción de buses eléctricos. Ciudades como Bogotá, Buenos Aires, Cali, Ciudad de Guatemala, Lima, Medellín, Santiago, Santo Domingo, entre otras, emprendieron procesos de estructuración e implementación de proyectos de buses eléctricos en el transporte público, dejando no sólo valiosas enseñanzas y prácticas exitosas, sino también aprendiendo adecuadamente de aquellos aspectos que no han funcionado como se esperaba.

De lo anterior, el principal paso en la estructuración de un proyecto de movilidad eléctrica es identificar adecuadamente cuál es el Modelo de Negocio que mejor se ajusta a las condiciones particulares de cada ciudad, teniendo en cuenta aspectos relevantes como las alternativas y condiciones técnicas, operativas, jurídicas, contractuales, de fondeo y financiación; así como los actores y aliados que se necesitan para lograr desarrollarlo de manera exitosa.

¿Qué se necesita para implementar buses eléctricos?

Una vez conocido el entorno y concluyendo que existen condiciones favorables para la implementación del proyecto es necesario definir como tal el Modelo de Negocio, respondiendo las siguientes preguntas:

  • ¿Qué necesito? Buses, baterías, infraestructura de carga, patios y talleres.
  • ¿Con qué voy a pagar su compra y funcionamiento? ingresos, incentivos y remuneración.
  • ¿Cómo lo financio? capital, mercado financiero o acceso a créditos.
  • ¿Cómo contrato su adquisición y operación? modelos de contratación, agentes y marcos regulatorios.

El gran reto es encontrar la mejor respuesta a cada pregunta y lograr armar el rompecabezas óptimo entre cada uno de los elementos. Es allí donde las experiencias en la región han traído grandes aprendizajes, principalmente como resultado de las barreras o desafíos identificados.

La primera pregunta parece la más fácil y obvia; sin embargo, se han encontrado particularidades como limitaciones de autonomía en los buses para algunas rutas con alta pendiente o largos recorridos diarios, lo cual es muy común en las ciudades de la región.

A esto se suman, en otros aspectos, la escasez de puntos de carga por fuera de los patios, y la inestabilidad de la red eléctrica; lo cual hace que escoger entre el abanico de posibilidad no sea tarea fácil.

Para solucionarlo, se identificó que considerar una etapa de pruebas piloto permite conocer el desempeño de los buses eléctricos bajo condiciones operacionales propias, para así obtener información que permita definir las características que mejor se adecuan al servicio que se va a prestar.

Para la segunda y tercera pregunta, el análisis se puede tornar aún más complejo, pues dependerá mucho de las condiciones de cada país y de cada sistema de transporte. En este caso el principal desafío está en la definición de una fuente estable de recursos para la renovación vehicular con buses eléctricos, sumado a la necesidad de garantías claras sobre la remuneración que minimice el riesgo de demanda, lo cual se ve incrementado con los índices de informalidad existentes en varias ciudades.

Finalmente, la cuarta pregunta busca encontrar el equilibrio entre actores, minimizando los riesgos y fortaleciendo la articulación entre la autoridad y el operador con el ánimo de concertar reglas claras en la prestación del servicio y en la definición de responsabilidades. Con las respuestas claras, se debe evaluar si el proyecto es viable.

Para esto se valora su sostenibilidad económica donde, además de la Tasa Interna de Retorno y el Valor Presente Neto, el indicador de Costo Total de la Propiedad, permite realizar comparaciones del costo total de adquisición, posesión y operación de vehículos entre diferentes tecnologías, para de esta forma llegar a la mejora alternativa de Modelo de Negocio.

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