El nuevo reglamento modificó el Decreto Nº 8.874, que data del 11 de octubre de 2016, para incluir como proyectos que pueden ser declarados prioritarios para la emisión de obligaciones incentivadas por la Ley Nº 12.431, los proyectos que tengan impactos ambientales y/o sociales relevantes.

A fin de caracterizar los proyectos, el Decreto No. 10.387 cubrió expresamente los siguientes segmentos. En el sector de la movilidad urbana, se beneficiarán los siguientes sistemas de transporte público no motorizado y de bajo consumo de carbono:

a) Los sistemas de transporte ferroviario urbano (monorraíles; metros; trenes urbanos; y vehículos ferroviarios rápidos – LRV);

b) La adquisición de autobuses eléctricos, incluso mediante células de combustible, y de biocombustibles o híbridos de biogás, para los sistemas de transporte;

c) La puesta en práctica de la infraestructura de tránsito rápido de autobuses – BRT;

En el sector de la energía, los proyectos relacionados con a) tecnologías renovables para la generación de energía solar, eólica y de residuos; y b) pequeñas centrales hidroeléctricas con una densidad de potencia mínima de 4W/m² de superficie inundada;

En términos más generales, también se incluyeron como prioritarios los proyectos relacionados con la logística y el transporte, la movilidad urbana, la energía, las telecomunicaciones, la radiodifusión, el saneamiento básico y el riego realizados en aglomeraciones subnormales o en zonas urbanas aisladas, ya que se consideran de beneficio social, según la definición establecida por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE.

Además de la naturaleza de los proyectos, el Decreto Nº 10.387 también innovó al permitir la inclusión de proyectos más pequeños o que no son necesariamente desarrollados por concesionarios, permisionarios o titulares de autorizaciones de servicios públicos.

Se trata de la primera medida jurídica concreta y específica en el país para promover la emisión de bonos verdes o proyectos con impacto social a través de los mercados de capital mediante incentivos fiscales.

Los bonos de incentivo traen consigo la exención del impuesto sobre la renta sobre los ingresos pagados a los inversores particulares o a los inversores no residentes, como forma de estimular la demanda de esos valores e, indirectamente, proporcionar una fuente más barata de financiación privada para la empresa emisora.

Por ejemplo, en el Brasil, las cuotas de los Fondos de Inversión en Derechos Crediticios (FIDC), las obligaciones, las obligaciones de incentivo a la infraestructura, las letras financieras (LF), los pagarés, el Certificado de Cuentas por Cobrar de la Agroindustria (CRA) y el Certificado de Cuentas por Cobrar de Bienes Inmuebles (CRI) pueden clasificarse como bonos verdes.

Desde 2018, estos valores pueden ser identificados como tales por B3 – Brasil, Bolsa, Balcão S.A., para dar mayor visibilidad a las empresas emisoras.

Además del decreto ya publicado y en vigor y de los títulos arriba mencionados, existe actualmente un proyecto de ley (PL 2.646/20) destinado a crear nuevas obligaciones de infraestructura, con beneficios dirigidos a los emisores a través de la posibilidad de:

(i) deducir, a efectos de la determinación de los ingresos netos, el importe correspondiente a la suma de los intereses pagados en ese ejercicio,

(ii) excluir de los ingresos netos, en la determinación de los ingresos reales y de la base de cálculo del CSLL, el importe correspondiente al 30% de la suma de los intereses pagados en ese ejercicio. Si se crean efectivamente, esas nuevas obligaciones reconocerán también la importancia del sello verde, aumentando al 50% el porcentaje indicado en el inciso ii) supra.

Concretamente en relación con los «bonos verdes», se destaca la importancia y el carácter pionero del nuevo decreto en la regulación de esos valores en el Brasil, que puede representar un importante impulso para su crecimiento.

A nivel mundial, la demanda del mercado de bonos verdes está creciendo, que movió aproximadamente 280.000 millones de dólares en 2019, con una cuota de mercado brasileña de aproximadamente 1.200 millones de dólares en el período, según datos de la Iniciativa de Bonos Climáticos.

Según lo publicado por el propio gobierno, las cantidades movidas por esos papeles demuestran la preocupación del mercado financiero y de los inversores en general por la preservación del medio ambiente, y la posibilidad de dirigir recursos privados a proyectos importantes y sectores necesitados, para los que el Estado, por sí solo, no tendría capacidad.