Javier Capossio es de La Plata. El 11 de octubre de 2022 compra un Nissan Leaf 100% eléctrico debido a los beneficios que la ciudad “supuestamente” ofrece a este tipo de vehículos.

Sin embargo, al poco tiempo descubre que los incentivos no se están aplicando actualmente.

“Decidí cambiar mi auto anterior porque el eléctrico no implica gastos de service y mantenimiento, ya que no cuenta con bujía, no necesita aceite, no lleva combustible, entre otros aspectos. Aunque, la razón principal por la cual lo adquirí se debe al no pago de patente. Todo esto supone un ahorro importante”, explica Capossio, en diálogo con Portal Movilidad.

No obstante, reconoce: “Leo acerca de los beneficios e, incluso, en la concesionaria me indican que en La Plata existe una ley al respecto. Pero no se aplica ninguna exención”.

En efecto, Javier procede a pagar el Impuesto a la Radicación del Automotor, popularmente conocido como patente, del cual su vehículo debería estar exento.

“Este arancel, que es muy caro en el país, lo estoy abonando como cualquier otro auto 0km, sin descuentos. Ya pagué dos y ahora llegará el primero del 2023 con el costo normal”, comenta.

Por otra parte, el usuario también accede a información que establece que algunas ciudades bonifican el estacionamiento y los peajes.

Sin embargo, viaja en estos días a la costa argentina y, a la hora de mostrar el título y la tarjeta verde para demostrar que su auto es cero emisiones, los recaudadores le explican que no tienen conocimiento de ningún descuento.

“Noto que hay mucha publicidad para fomentar la movilidad eléctrica, pero existen algunas mentiras políticas”, sostiene Capossio.

Es por ello que exige a las autoridades del Gobierno que “ratifiquen o rectifiquen” la información mencionada, considerando que se realizan actos en distintos puntos de La Plata para promocionar beneficios que “no son reales”.

“Me conviene que haya más usuarios de vehículos eléctricos porque eso provocaría que amplíen la red de carga y aparezcan los incentivos. Pero, por otro lado, me da lástima que haya gente como yo que siga cayendo, pensando que tendrá una retribución que no existe”, lamenta.

Para conocer más sobre este hecho, Portal Movilidad dialoga con Claudio Damiano, experto en movilidad sostenible.

Damiano indica que “esto generalmente sucede porque los legisladores o los consejos deliberantes aprueban normas sin un buen asesoramiento impositivo. Además, los organismos encargados de cobrar los impuestos, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a la hora de dictaminar siempre encuentran algún problema”.

Esta situación no solo ocurre en Argentina, sino también en otras ciudades latinoamericanas. Uno de los ejemplos más importantes es el de Costa Rica.

“Allí la primera ley establecía la exoneración de aranceles. Pero, el verbo exonerar era complicado de aplicar en la legislación costarricense. Entonces, hubo que rehacer la norma, proceso que demoró cerca de un año y medio”, agrega.

Estos hechos suelen suceder con aquellas normativas que son novedosas.

“Por ejemplo, cuando se armó la ley de generación distribuida, el dictamen legislativo salió sin dictamen impositivo. En ese caso, la Dirección General Impositiva (DGI) era la encargada de explicar cómo sería el método para que luego los legisladores lo escribieran de manera correcta en el proyecto. Pero eso no sucedió”, reconoce Damiano.