Las metas europeas al fin del motor a combustión se han establecido y a nivel local una serie de regulaciones buscan que la tendencia corra hacia la electrificación.

La apuesta es clara, pero la manera en la que se ha planteado la misma a nivel continúa poniéndose en duda.  

En el caso particular de las estaciones de servicio, el Gobierno Español ha estipulado que todas las que cuenten con ventas superiores a los 10 millones de litros de gasolina y gasóleos en 2019 deberán instalar al menos un punto de recarga de potencia igual o superior a 150 kW.

Más de 200 están incluidas en este grupo.

Además, las que cuenten con registros uperiores a cinco millones de litros tendrán quecolocar al menos uno de potencia igual o superior a 50 kW.

Estos mismos requisitos afectan a las que cuenten con ventas inferiores a cinco millones, pero que lideren las ventas de las provincias, islas o ciudades autónomas en que se hallen.

Esto, siempre que no haya gasolineras con ventas superiores a cinco millones de litros. Más de 800 gasolineras están incluidas en ambos grupos.

Frente a esto, en el último especial de Portal Movilidad España, Ignacio López Martín, Co-founder y CEO de Cable Energía, plantea que hay una buena intención a la hora de regular, pero se requiere una mayor colaboración con los protagonistas para delinear las normativas.

“En el caso particular de las estaciones de servicio se pone una obligatoriedad según los litros que se venden, pero cuando se habla de una ubicada en un polígono industrial se comercializan mucho, pero no hay sentido alguno de colocar un cargador de 150 Kw”, sostiene en este sentido.

Desde su punto de vista, esto solo permite penalizar a operadores o grandes petroleras, que no encuentran un nicho de mercado o una demanda para los conectores. 

“Ya que se regula, lo ideal sería hacerlo pensando en que se de un buen resultado para los usuarios finales y para los que estamos realizando las inversiones”, apunta en este sentido el ejecutivo de la firma parte de Grupo Shell.

Asimismo, Ildefonso Boto, Southern Cluster General Manager C & P de BP Pulse Europa, no se queda por fuera del debate reconociendo que hay cosas que gustan y que no de la norma española.

“A la hora de hablar de potencia instalada y no de puntos de recarga se demuestra un paso adelante que está alineado con el despliegue del resto de Europa, pero al ver las métricas que se utilizan para las estaciones de servicios no se llega a soluciones que no  tienen mucho sentido”, asegura.

De la misma manera que lo hace el representante de Cable Energía, Boto pone la realidad que no todas las ubicaciones que cuenten con la cantidad de litros que presenta la ley española, serán ubicaciones estratégicas.

Asimismo, durante el debate agrega que otro de los puntos que dificulta la operativa tiene que ver con los plazos burocráticos.

Desde la experiencia de BP en España, se ha notado que  los plazos de ejecución vienen directamente determinados por permisos que tardan en ser ejecutados y los acceso a la potencia que suelen tardan hasta un año o más en ciertos casos.