España tiene, desde este jueves, una ley de cambio climático para luchar contra el calentamiento de la Tierra y sus consecuencias. El Pleno del Congreso concluye el trámite parlamentario tras pasar el texto por el Senado.

La Ley de Cambio Climático ha sido aprobada con el apoyo de la mayoría de los grupos, la abstención del PP y de Más País-Verdes Equo y el rechazo de Vox.

El objetivo de la nueva ley es lograr la neutralidad climática a más tardar en 2050.

Para alcanzar eso, el texto establece: recortar para 2030 en un 23% las emisiones de gases respecto de lo que se lanzaba en 1990. Ese año, para el que resta menos de una década, el 74% de la energía generada en España tendrá que ser de origen limpio y el 42% de toda la energía consumida deberá ser de fuente renovable. En cuanto a la eficiencia, se marca un mínimo del 39% para 2030.

En tanto, prevé que estos objetivos se revisen al alza en 2023.

Es una normativa celebrada por las organizaciones dedicadas al cuidado del medioambiente y en este contexto Cristian Quílez, del Área de Políticas Públicas y Gobernanza Climática de ECODES, refiere a Portal Movilidad: “Es ambiciosa, marca el camino, pero podría ser mejor”.

“El próximo debate es en torno a la implementación y en qué línea. El artículo de los combustibles deja abierta la posibilidad de utilización de biocombustibles para todos los sistemas de transporte, es muy negativo. No creemos que apuesten por eso, pero en el plan de recuperación se apuesta por el gas y luchamos contra eso”, indica.

Fin de los motores a combustión interna

Contempla la supresión de la venta de vehículos de combustión en 2040, la prohibición de las prospecciones y explotación de hidrocarburos y una serie de restricciones a los proyectos de energías renovables dirigidas a que su despliegue se acometa de acuerdo con un mapa de zonas de especial valor para la biodiversidad.

Respecto a la elección de ese año, existe una disconformidad dado que la neutralidad en carbono está estipulada para el 2050 y el promedio de vida útil de un vehículo a gasolina es de 13 años.

Zonas de bajas emisiones

Con 2023 como fecha tope, los municipios de más de 50.000 habitantes o de más de 20.000 cuando tengan problemas de calidad del aire deberán contar con áreas de bajas emisiones impulsando la electrificación de la red de transporte público o facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta.

Infraestructura de carga para VE

Las gasolineras se verán obligadas a instalar puntos de carga eléctrica y se crea un plan progresivo que comienza con las mayores gasolineras, para instalar el servicio. Así, las más grandes deberán tener al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 150 kW en un plazo de 21 meses a partir de la entrada en vigor.

En esa línea, Quílez argumenta: “Que una estación tenga alta facturación no significa que reposten muchos vehículos sino que pueden estar ubicadas en fronteras y concurridas por camiones. Obligarlas con ese criterio deja fuera a ubicaciones con flujo de automóviles que serán los que se electrifiquen más rápido”.

También será obligatorio en edificios de nueva construcción, en intervenciones en edificios existentes y en edificios privados no residenciales con aparcamientos de más de 20 plazas.

Transición de empresas

Las grandes empresas deberán calcular, publicar su huella de carbono y elaborar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Su ejecución deberá ser en un horizonte de cinco años, junto con las medidas para su consecución.

Además, a partir de 2023, las entidades financieras deberán publicar objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París.

Educación ambiental

Se busca reforzar el conocimiento sobre el cambio climático y sus implicaciones y «la adquisición de la necesaria responsabilidad personal y social», dice la ley. Para ello, el Gobierno revisará el tratamiento del cambio climático y la sostenibiIidad en el currículo básico de las enseñanzas de manera transversal.