El Gobierno anuncio a mediados de enero su intención de introducir diversos cambios en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), entre los que destacaban la ampliación del plazo para presentar proyectos, muy demandada por los inversores.

El plazo de la primera convocatoria finaliza el 30 de junio de 2025, pero Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo confirmó que la intención del Ejecutivo era ampliarlo hasta finales de ese mismo año, permitido por la Comisión Europea.

No obstante, este leve aumento resulta insuficiente para el sector automovilístico y, ahora, en defensa de los intereses de los inversores y para evitar nuevos errores, la ministra negocia con Bruselas una ampliación más ambiciosa.

Concretamente, Maroto busca conseguir alargar el plazo hasta finales de 2027 o inicios de 2028. Las negociaciones con el Ejecutivo europeo han sido confirmadas por la propia ministra en la Conferencia Sectorial de Turismo, donde ha destacado que “va por buen camino”.

El objetivo, como ha destacado, es facilitar la presentación de los proyectos y su posterior puesta en marcha. Así, evitando recaer en los mismos errores, desde la cartera de Industria buscan diseñar un “horizonte de ejecución más flexible y cumplir con las exigencias de los fabricantes».

“Más tiempo para el desarrollo” es lo que pide Maroto.

Esta ampliación es determinante para evitar que se repita la caída de grandes proyectos como el de Ford o Stellantis que, de no modificarse en la siguiente convocatoria, podrían volver a quedarse fuera.

La ministra hizo referencia en su momento a esta situación, apuntando a que Ford se quedó fuera porque hubo un cambio en el proveedor tecnológico y tuvo que modificar el proyecto, mientras que Stellantis «no pudo presentar su gran proyecto de plataforma para las tres plantas porque estaban terminando de definir las inversiones y el modelo de negocio».

Más allá de los inconvenientes que puedan presentar cada proyecto, la pretensión de Maroto es hacer todo lo que esté al alcance del Ministerio para evitar situaciones que pongan en peligro grandes inversiones. En esta línea, el Gobierno también reducirá la exigencia europea de cumplir el 100% la garantía en todos los aspectos, de cara a la segunda convocatoria.

«El objetivo es que todo el tejido productivo pueda acceder con facilidad a las ayudas, principalmente las pequeñas y medianas empresas, que estarán sujetas a menores requisitos», ha apuntado Maroto.

No se permiten más errores

Los retrasos en la ejecución del PERTE VEC ya supusieron ceses en el seno de Industria antes de acabar el año 2022. Tanto el secretario general de Industria, Raúl Blanco, como el director general del mismo Ministerio, Galo Gutiérrez fueron destituidos por la ministra de Industria.

Ambas personas, Blanco y Gutiérrez, eran hasta ahora los máximos responsables de diseñar los planes de renovación de los sectores productivos financiados con los fondos Next Generation EU del mecanismo europeo de recuperación.

Ahora, Francisco Blanco, nombrado el 27 de diciembre para sustituir al anterior secretario, es el principal responsable.

Con el nuevo equipo y las modificaciones, Industria pretende evitar la situación vivida meses atrás y que motivó los despidos.

De los 3.000 millones de euros proyectados desde el Gobierno, solo se liberaron 880 millones, es decir; menos del 30% del total presupuestado. Tras el retraso, la ministra se vio obligada a anunciar una segunda vuelta de ayudas para el primer trimestre del 2023, según informó El Plural.