En el año 2019, se decidió a través del artículo 14 de la Ley de Eficiencia Energética que “a partir del año 2025 todos los vehículos que se incorporen al servicio de transporte público urbano e interparroquial, en el Ecuador continental, deberán ser únicamente de medio motriz eléctrico”. 

No obstante, desde entonces pocas son las ciudades que han siquiera comenzado con la transición de sus flotas. Una de ellas, por ejemplo, es Guayaquil, pionera en esta materia con la llegada de 20 buses. 

Por otra parte, en Quito, a fines del año pasado, se lanzó la Ordenanza Metropolitana 017-2020, donde se detallan ciertos parámetros de calidad que tienen que cumplir los transportistas. Aquí se incluye el reemplazo de unidades: una parte por eléctricas y otra impulsada por Euro 6. 

Según los datos recopilados el año pasado por la Secretaría de Movilidad de la capital ecuatoriana, entre buses urbanos, combinados y articulados hay un total de 3.317 unidades. 

Si tan solo en esa ciudad existe ese número de vehículos, ¿sería posible alcanzar una transición para el 2025 de todas las flotas del país?

Para Fernando De La Torre, director metropolitano de Modos de Transporte Sostenibles en la Secretaría de Movilidad de Quito, lograr esta meta es difícil y probablemente no se logre cumplir en su totalidad pero, al menos, si confía en que habrá una “implementación importante en los próximos años”. 

“En Quito, no veíamos posible la implementación de un Metro, que fue muy costoso, y ya está en un 99% terminada la obra y a punto de inaugurarse”, ejemplifica De La Torre.

Y continúa: “La Ordenanza se intentó hacer durante doce años sin éxito y el año pasado se logró. Son estos pequeños logros los que hacen pensar que se puede alcanzar el objetivo”. 

El obstáculo principal que encuentra el funcionario es el costo inicial que conlleva una unidad eléctrica. 

“Las empresas de transporte público no son públicas sino privadas. Es relativamente complejo forzar a los operadores a que inviertan, sobre todo cuando hay escasez económica y ciertas condiciones complejas”, explica. 

Ante esta situación, desde la Secretaría, se encuentran trabajando en un análisis financiero para ver cuáles son las estrategias que pueden ayudar a que se lleve adelante este plan. 

Para De La Torre, la clave es incentivar y desincentivar a la vez. “Con el incentivo se ayuda, buscando por ejemplo créditos con buenas tasas de interés a nivel internacional. Hay bancas que nos han propuesto ideas interesantes”. 

Luego, agrega: “Pero también hay un tema de desmotivación. Si ciertas operadoras no logran cumplir con los parámetros de calidad, la ruta queda abierta y puede operar cualquier operador nacional o internacional”. 

“Se les pone mucha presión a los transportistas para que vayan reemplazando sus flotas. Muchas ya han cumplido su vida útil, entonces se tienen que reemplazar. Si se tiene que hacer un esfuerzo adicional, se les ayuda”, reitera.