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jueves 26 de noviembre de 2020
El Gobierno se compromete a impulsar nueva ley de movilidad eléctrica en 2021 en RD
El Ministerio de Energía y Minas busca regular el tipo de cargadores que se va a utilizar, las tarifas que se aplicarán a esos cargadores y si se conectaran a la red eléctrica general o a una de alta tensión.
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Durante su exposición en Latam Future Energy, el viceministro del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Rafael Orlando Gómez Del Giudice, sostuvo que regular la movilidad eléctrica es uno de los ejes principales en la nueva gestión.

“Debe crearse una ley que norme lo más importante de la electromovilidad, porque aunque existe la Ley103-13 de Incentivo a la Importación de Vehículos de Energía no Convencional, no regula la parte de la operatividad que es lo más significativo, así como normas complementarias para los detalles técnicos y operativos”, mencionó.

Asimismo, el funcionario adelanta que el Ministerio de Energía y Minas busca regular el tipo de cargadores que se va a utilizar, las tarifas que se aplicarán a esos cargadores, y si se conectaran a la red eléctrica general o a una de alta tensión.

Delgiudice considera importante que se norme estos puntos con antelación al desarrollo del mercado para evitar distorsiones en el futuro. “El MEM junto a la Superintendencia de Electricidad y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), que ya tienen un reglamento general, podrán mejorarlo para que se convierta en ley”, agregó.

El viceministro prevé que a mediados del próximo año se debería tener la nueva ley aprobada. En caso de no alcanzarse este objetivo, propone al menos contar con el anteproyecto en la Cámara Legislativa para avanzar en su discusión.

En ese sentido, la Superintendencia de Electricidad trabaja de forma acelerada en el reglamento de aplicación para la movilidad eléctrica con objetivo de sacarlo pronto y poder regular al sector.

Rafael Velazco, superintendente de Electricidad, sostuvo que el estatuto va a contemplar una certificación de la calidad del servicio, es decir que los cargadores y sus instalaciones estén debidamente certificados.

“El Estado ha sido un testigo del incremento de la movilidad eléctrica en República Dominicana, sin hasta ahora ser realmente un actor promotor”, dijo Velazco al resaltar el avance del sector privado en la electromovilidad.

En cuanto a los combustibles, el funcionario entiende que sus altos precios son un incentivo silente para que los vehículos eléctricos tengan más aceptación, lo cual ha motivado a que las personas deseen optar por ese tipo de automóviles.

“Hay muchos impuestos indirectos en los precios de los combustibles, lo cual representa una oportunidad para que los usuarios tengan mejores beneficios, como los que ofrecen los vehículos eléctricos”, menciona.

En la parte medio ambiental, Gómez Del Giudice entiende que la movilidad eléctrica ayuda a reducir la contaminación y la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, lo cual ayuda a país a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Plan estratégico

El Plan Estratégico Nacional de Movilidad Eléctrica del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) establece la definición de agentes autorizados para comercializar la carga de vehículos eléctricos y definir las tarifas para la carga.

Además de un reglamento registro de estaciones y puntos de carga.

Sheila Guarero del intrant, subraya que el plan propone que para el 2030 el 70% de las flotas del transporte público sea de vehículos eléctricos y en el caso de los vehículos privados, un 30%.

Dentro de la línea de acción de ese plan, está el crear un comité técnico interministerial y una mesa público-privada de movilidad con energía alternativa.

En cuanto a la infraestructura de carga, se deben generar informaciones estratégicas para los inversionistas y analizar los modelos de negocios para el desarrollo de infraestructura que cumplan con los estándares de eficiencia, compatibilidad e interoperabilidad.

También se deben fijar cuotas de vehículos eléctricos en licitaciones de compras de flotas públicas o de uso público.

 

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