España | Micromovilidad
viernes 26 de noviembre de 2021
En sus concursos el Gobierno margina a las motos eléctricas fabricadas en España
La última prórroga del acuerdo marco de la Junta de Contratación Centralizada del Ministerio de Hacienda no incluye los modelos de Silence, Ray o Rieju.
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La apuesta del Gobierno español por el vehículo sostenible es firme. De ahí que el primer PERTE (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) ha sido el del Vehículo Eléctrico y Conectado, cuyas bases estarán listas antes de que acabe el año.

Además, el Ejecutivo se comprometió con el Plan impulso a la industria de la automoción, dotado con 3.750 millones, a que 100 millones estarían destinados a renovar el vetusto y contaminante parque móvil del Estado por vehículos con etiqueta cero emisiones.

Sin embargo, las motocicletas eléctricas hechas en España no pueden ser contratadas por las administraciones adscritas al acuerdo marco de la Junta de Contratación Centralizada dependiente del Ministerio de Hacienda.

A día de hoy, las únicas motos eléctricas que pueden ser compradas por dichas administraciones adscritas a dicho marco serían las Zero FX ZF7.2 y las dos NIU, las NQI GT Pro Cargo y NQI GTS Pro. La primera está hecha en Estados Unidos, las segundas son chinas. Ni siquiera están dentro de la Unión Europea.

Silence o Ray, fuera

Esto quiere decir que las motos de Silence, Ray o Rieju no tienen opciones de poder ser contratadas al no estar incluidas en esta lista de Patrimonio.

El problema deriva de que el actual acuerdo marco para el suministro de motocicletas, incluidos sus accesorios y kits necesarios o las transformaciones, que exijan los organismos peticionarios de la Junta de Contratación Centralizada data de 2018 como reza en el Expediente en Plataforma de Contratación del Sector Público 01/18. Su vigencia inicial era hasta el 30/11/2020. La primera prórroga de este expediente tuvo lugar el 24 de julio de 2020 por la que se extendía el plazo hasta el 30 de noviembre de 2021.

Las quejas de los fabricantes de motocicletas eléctricas españolas vienen de la segunda prórroga a este expediente efectuada el 5 de julio de este año y que extiende la vigencia hasta el 30 de noviembre de 2022. Mientras estos aluden dejación de funciones, el Gobierno explica que sufre un atasco en la renovación de adjudicaciones derivada de la pandemia y sus consecuencias.

Una partida por la sepi, fuera

Esto supone que ninguna motocicleta de las tres marcas que fabrican en España modelos eléctricos podrían acceder a estas licitaciones estatales dependientes de Hacienda. Pero tampoco lo pueden hacer las motos de tres ruedas de la marca eezon que fabrica la empresa afincada en Vigo, VMS Automotive del Grupo Marsan.

Este último caso es especial porque, según publicó el diario Expansión, en el pasado mes de septiembre se formalizó la entrada en el capital de VMS de Germina Capital Sepi, el fondo gestionado por Sepides Gestión, con la toma de un 15% del accionariado.

Se da la circunstancia de que Sepides pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que depende del Ministerio de Hacienda.

Tampoco podría acceder a estas licitaciones Ebroh, una marca que no haría una motocicleta 100% española puesto que la mayoría de sus componentes se fabrican en China, aunque tiene licencia española de fabricante de motos por lo que puede acceder a las ayudas de los fondos europeos para la recuperación Next Generation UE.

Desde el sector insisten en que con la necesidad urgente de electrificación del parque móvil de todas las instituciones nacionales, autonómicas y locales, sólo haya disponibles en el listado de Patrimonio dos vehículos de dos ruedas, ambos de importación y fabricación extracomunitaria (China y EEUU).

«Esta situación penaliza a la industria española de fabricación de motocicletas eléctricas, que es puntera a nivel europeo en cuanto a calidades y prestaciones», concluyen dichas fuentes.

Reforma de las etiquetas 

Anesdor, la patronal de los fabricantes de motos, ha pedido al Gobierno que siga adelante con la reforma de las etiquetas de la DGT. «El Gobierno parece decidido a no introducir cambios en la normativa y esto supone un gran perjuicio para las motos», explica a EL MUNDO José María Riaño, secretario general de la asociación.

Tal y como adelantó este periódico la semana pasada, el Ejecutivo ha decidido aparcar el proyecto por el daño que podría hacer a la industria de automoción en estos momentos.

Pero «a las motos actuales se les da la etiqueta C, la misma que a las de 15 años. Creemos que deberían estar incluidas en la ECO, hoy desierta para las motos, o en una de nueva creación como podría ser la D», argumenta Riaño.

El sector de las dos ruedas se queja de que muchos Ayuntamientos aplican la normativa sin conocerla. «Legislan solo teniendo en cuenta la letra de la etiqueta, obviando el tipo de vehículo. Con una regulación medioambiental en ciernes para 2023, eso provocará un agravio importante que perjudica claramente a los usuarios de moto».

Según Anesdor, una moto actual -además de ser más segura- emite un 60% menos de monóxido de carbono y un 71% menos de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno que una de hace 15 años. También está el problema de las motos antiguas, sin etiqueta y que siguen siendo una parte grande del parque.

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