Durante el especial sobre “movilidad eléctrica en Uruguay”, organizado por Portal Movilidad, referentes del ambiente dieron a conocer su postura respecto a las necesidades del sector y las decisiones más urgentes que propiciarían aún más el desarrollo de la electromovilidad en el país.

Desde una perspectiva más general, para Javier Peón, presidente de la Asociación Latinoamericana para la Movilidad Sostenible (ALAMOS), se necesita “voluntad política” y “capacidad para cooperar regionalmente”. De esta manera, sería posible “aprender de lo que se ha hecho bien o mal y conocer cuáles son los pasos a seguir”.

Por su parte, para Ignacio Paz, gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), la Nación “está en condiciones para recibir vehículos eléctricos”. De hecho, desde la organización están conversando con sus socios para que haya lanzamientos de dos o tres nuevos modelos. Sin embargo, aún falta trabajar en “incentivos tarifarios y tributarios”.

Siguiendo esta línea, Rodrigo Zorrilla de San Martín, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (AUDER) asegura que son menester mejoras a nivel impositivo: “El vehículo eléctrico paga más IMESI que uno híbrido y creemos que habría que bajarlo”, señala la autoridad y agrega: “También, creemos que hay que subsidiar las patentes por los próximos años, continuar con las redes de carga rápida y buscar beneficios pensando en el particular”.

Por su parte, para Isaac Attie, director de Abriley S.A., se debe definir “un horizonte a largo plazo, en especial, en el transporte público”. “Hoy hay una ley que establece el recambio del 4% de la flota a eléctrico, pero no sabemos qué va a pasar con el otro 96%”, indica.

A su vez, Marcello Gargaglione, jefe de departamento de Transporte, Investigación y Mercado en la Compañía Uruguaya de Transporte Colectivo S.A. (CUTCSA), destaca de forma positiva lo realizado por las gestiones gubernamentales hasta el momento, respecto al tema de exoneración impositiva y el plan de renovación de flota de buses. “Si bien estamos hablando de cien unidades, para nosotros no es una escala menor”, señala.

Ideas y propuestas

 Para fomentar la movilidad sustentable, Paz anuncia que volvieron a presentar un proyecto de renovación de flota, dado que en Uruguay no hay establecido un límite respecto a la antigüedad máxima de circulación del vehículo, donde se incluyen subsidios e incentivos. Para Paz, lo importante es “generar un clima de previsibilidad” y “condiciones estables en el tiempo” para que los empresarios generen mejores estrategias.

Attie, entretanto, concuerda con Paz y agrega que es relevante “homogeneizar los conectores de carga”. “Esto lo hablo más para el sector privado porque ahí es donde hemos visto peores experiencias”, explica el representante de Abriley y añade: “Relacionado al sistema de carga, hay que mejorar la red y la interoperabilidad”.

Zorrilla de San Martin, propone un “leasing para la compra de vehículos eléctricos, similar al que existe con vehículos utilitarios”. Además, para el miembro de A.U.D.E.R, hay que encaminarse hacia una tarifa plana y una mejora en los costos.

Según Javier Peón, los esfuerzos también deben estar puestos en los incentivos. Sin embargo, para el presidente de ALAMOS, los mismos deben estar enfocados en la importación, pero aún más en la producción nacional.

Por último, Gargaglione se concentra en la red de carga para los buses y recuerda que la potencia de energía requerida para un centro de carga para este tipo de vehículos es distinta que la de automóviles.

“El que genera la energía, que es UTE en Uruguay, tiene que asegurarse que llegue la necesaria. La red eléctrica está diseñada para otras cosas y cuando uno diseña un centro de carga no lo puede hacer en cualquier lugar”, comenta.