Las próximas elecciones generales en España todavía no tienen fecha, pero, como muy tarde, se celebrarán el 10 de diciembre de 2023, siempre que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos consiga agotar la legislatura.

Si el Presidente no decide adelantar los comicios, la ley electoral establece que el mandato de las Cortes expira automáticamente cuando se cumplen cuatro años de las anteriores elecciones (en este caso sería el 10 de noviembre de 2023) y que la disolución de las cámaras debe producirse 25 días antes (en este caso, el 16 de octubre). 

Es así que sobre este escenario se comienzan a dar diferentes discusiones políticas en el que el coche eléctrico toma considerable protagonismo. 

En las últimas semanas, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha prometido medidas en su plan de automoción como un nuevo tramo de IVA reducido para coches eléctricos.

El líder de la oposición ha presentado en el congreso un anticipo de su plan para convertir a España en referente de la automoción.

Feijóo ha señalado que el primer objetivo será “continuar con la electrificación, pero mejorando el Plan MOVES III porque no funciona. Hemos de apoyar medidas fiscales para la compra de coches eléctricos como el IVA de los particulares”.

En cuanto a las empresas, el líder político ha señalado que “también las deducciones en empresas como deducciones en el IRPF, en el gasto en la compra de vehículos eléctricos y en las infraestructuras de recarga particulares”.

Otra propuesta ha sido la de “plantear un programa de implantación de infraestructuras de recarga”. 

“¿Para qué queremos vehículos eléctricos para la ciudad si no podemos salir de la misma? ¿Acaso los españoles pueden tener dos vehículos, unos para moverse en la ciudad y otros para viajar”, ha añadido el presidente del PP.

Mientras tanto, el discurso del partido que hoy ocupa el Gobierno actual, el PSOE, está centrado en el “apoyo a la competitividad de la industria”.

Así lo ha afirmado el presidente, Pedro Sánchez, en un encuentro con Luca de Meo, consejero delegado del grupo Renault y presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

Para el mandatario este será uno de los pilares de su gestión, como así también de la próxima presidencia Española de la UE, que comenzará en julio y finalizará el 31 de diciembre de 2023.

El presidente también subraya el “liderazgo de España en la automoción”, así como que el país ofrece “condiciones extraordinarias para acoger la cadena de valor del coche eléctrico”, entre ellas, “el atractivo para el establecimiento de fábricas de microchips para este sector clave”.

En cuanto a inversiones y señales positivas en este sentido, sus esfuerzos continúan centrados en la ejecución de las segundas convocatorias del PERTE VEC. 

En este caso, se ha abierto la chance de que el sector de la distribución de los vehículos eléctricos pueda ser parte, una conquista ganada para los representantes de este ámbito que han presentado pedidos en diversas ocasiones. 

Pero, en lo que respecta a la inclusión de los segmentos híbridos, no se están dando las mismas posibilidades.

​​Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se ha señalado recientemente que la posibilidad de que se puedan subvencionar proyectos ligados a la fabricación de estos modelos “está difícil”.

Finalmente, otra de las principales fuerzas políticas que se disputará las elecciones es VOX, quien desde el congreso demuestra que busca llevar a cabo “las actuaciones necesarias” para que se puedan seguir produciendo vehículos de combustión.

Desde este espacio se considera que el coche eléctrico no es una apuesta “rentable” y se intenta revocar la reciente prohibición europea de producir vehículos de combustión a partir de 2035.

La propuesta que se presenta consiste en, además de revertir la prohibición, también promover las acciones necesarias para “proteger a los españoles” que, por la iniciativa europea, no pudieran acceder a la compra de un vehículo nuevo.

La iniciativa también apuesta por desarrollar fuentes de propulsión alternativas, derogar la ley de cambio climático y transición energética y promover un referéndum a nivel nacional sobre el conjunto de políticas medioambientales y energéticas, sin especificar si estas se refieren a un ámbito español o europeo.

Esta consulta pública Vox la justifica porque creen que las políticas mencionadas se han adoptado “a espaldas de los intereses nacionales”.