El PP ha dejado claro este miércoles en el Congreso su compromiso con el vehículo eléctrico, desmarcándose de Vox, quien considera que no es una apuesta «rentable» y quiere revocar la reciente prohibición europea de producir vehículos de combustión a partir de 2035.

Durante el debate, los partidos han marcado sus distancias en esta materia, ya que si los primeros defienden un modelo de transición en el parque automovilístico que apueste por la electrificación, los segundos abogan por llevar a cabo «las actuaciones necesarias» para que se puedan seguir produciendo vehículos de combustión.

En este sentido, la portavoz del PP en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, Tristana Moraleja, ha apostado por una transformación integral de la cadena de valor automovilística y ha instado a abordar con «rigor y solidez» cualquier política para esta industria.

Asimismo, ha recordado que la intención de su grupo es avanzar en la electrificación del parque automovilístico, así como facilitar el acceso a un vehículo a la mayoría de la ciudadanía. Este último punto, ha dicho Moraleja, se emprendería mediante ayudas incluidas en el Plan Moves III o en otras deducciones a empresas y particulares.

También ha destacado la intención del PP de avanzar en un programa de infraestructuras de recarga, ante un parque móvil «envejecido» en el que hay que conseguir «un equilibrio».

En definitiva, Moraleja ha defendido un modelo de transición en la industria y «no de ruptura».

El resto desdeña la moción

Los demás grupos se han posicionado también en contra de la iniciativa de Vox.

Desde Ciudadanos, Ignacio López Bas ha indicado que la moción habla de «palabras huecas», mientras que Roser Maestro, de Unidas Podemos, ha tachado la iniciativa de «negacionista» del cambio climático.

Del lado del PSOE, el diputado por Alicante, Alejandro Soler, ha calificado la moción de «hipérbole», y le ha recordado a Vox que la iniciativa emprendida en el seno europeo tiene un marco prioritario de salud.

En este sentido, ha apuntado que en España mueren 10.000 personas al caño por consecuencia de la contaminación, por lo que se hace necesario adoptar distintas medidas para contrarrestar sus efectos.

La propuesta de Vox, defendida por su vicepresidente Javier Ortega Smith y que se votará este jueves, consiste en, además de revertir la prohibición, también promover las acciones necesarias para «proteger a los españoles» que, por la iniciativa europea, no pudieran acceder a la compra de un vehículo nuevo.

La iniciativa también apuesta por desarrollar fuentes de propulsión alternativas, derogar la ley de cambio climático y transición energética y promover un referéndum a nivel nacional sobre el conjunto de políticas medioambientales y energéticas, sin especificar si estas se refieren a un ámbito español o europeo.

Esta consulta pública Vox la justifica porque creen que las políticas mencionadas se han adoptado «a espaldas de los intereses nacionales».