Camila Charris Pérez
Por Camila Charris Pérez
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El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del vehículo eléctrico y conectado presentado por el Gobierno va a movilizar hasta 2023 una inversión pública de 4.300 millones de euros para acompañar una inversión de 19.700 millones de euros en el ámbito privado del sector.

Portal Movilidad informó sobre las opiniones por parte de las asociaciones vinculadas al sector, pero ahora la mirada se centra en las Comunidades Autónomas y otros entes de interés.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto presidió en Valladolid la Mesa de la Automoción, donde se analizaron los detalles relacionados a este ambicioso proyecto.

Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fermández Mañueco, estuvo presente en el encuentro, donde la ministra aprovechó para destacar el papel de la autonomía en este nuevo proyecto.

“Cuando hablemos del Perte en esta mesa, pensemos también en cuáles son las oportunidades que sin duda va a tener Castilla y León”, resaltó.

La ministra también aprovechó para recordar que las fábricas de la Comunidad producen “el 20% de los vehículos que se fabrican en el país”, y que su parque de proveedores de automoción y de  componentes “engloba a las principales empresas mundiales”.

El presidente de la Junta apoyó el esfuerzo, pero advirtió que los proyectos industriales deben llevarse a cabo “a través de la colaboración público-privada”.

Asimismo, Fernández Mañueco alertó que el avance hacia una movilidad eléctrica 100% requiere de “una transición tranquila, razonable y asumible por el mercado y que se apoye en tecnologías híbridas y electrificadas”. 

Castilla – La Mancha

Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo, ha destacado que el Gobierno de Castilla-La Mancha valora la oportunidad que supone el Perte del Vehículo Eléctrico.

Asimismo, Franco asegura que la Comunidad Autónoma tiene identificados hasta 12 proyectos para el desarrollo de tecnologías relacionadas a este tipo de movilidad y significarían una inversión de más de 681 millones de euros.

Navarra

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial de Navarra, Mikel Irujo, señaló que el Perte debe llegar a toda la cadena de valor, incluidas las pymes y todo el sector de proveedores.

“El Gobierno de Navarra ha promovido la innovación en el sector e impulsando su transformación hacia la electrificación de la industria de la automoción y la economía ligada al vehículo eléctrico, autónomo y conectado a través del proyecto NaVEAC”, remarca Irujo tras su participación en el encuentro.

Galicia

El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, ha demandado al Gobierno central “conocer los criterios” de la convocatoria de este Perte con el fin de que el sector gallego pueda competir en igualdad de condiciones.

Conde también afirma que la Comunidad estará presente en la solución para ayudar a resolver que el sector pueda responder a los retos del futuro. 

Las reacciones desde los sindicatos

Las Federaciones de Industria de Comisiones Obreras (CCOO) y la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT FICA) han valorado positivamente el proyecto, pero han pedido más medidas para potenciar el sector.

Desde UGT FICA lamentan no haber podido participar en la elaboración de los criterios, ya que señalan que su presencia es necesaria para “garantizar que los proyectos tengan una perspectiva social y contemplen compromisos de empleo y condiciones laborales dignas para las y los trabajadores”.

También resaltan la importancia de que este proyecto abarque toda la cadena de valor y de “no encapsular en un solo proyecto por muy positivo que sea” el futuro del sector. 

Por su parte, la CCOO subraya que el aspecto más endeble dentro del plan es la dotación para los planes de formación profesional del sector, una cifra que consideran “muy insuficiente” para “capacitar y recapacitar” a las más de 300.000 personas que trabajan de forma directa en esta industria.

Asimismo, advierten que el Perte no será posible sin una mesa de diálogo social, en las que participen sindicatos, patronales, comunidades autónomas y ministerios.

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