Para este año, el Gobierno lanzaría nuevas regulaciones que permitirían impulsar vehículos eléctricos. La primera, y más importante, apunta Jorge Rivera, titular de la Secretaría de Energía panameña, tiene que ver con impulsar una normativa específica para movilidad eléctrica en su conjunto.

«La primera prioridad es la aprobación de una ley con incentivos fiscales y no fiscales», anunció el mandatario.

La intención es reducir los costos de los vehículos eléctricos de manera que puedan ganar competitividad y mercado, aprovechando además los excedentes de generación eléctrica que goza el país y el gran potencial para desarrollar energías renovables.

«Estamos iniciando la implementación de un plan que se comenzó en octubre del año pasado», sostuvo Rivera.

En la transición tecnológica Rivera entiende que «hay un actor que no está jugando el rol que debiera tener en estos temas: el sector financiero, que en Panamá tiene un peso importante en nuestra economía».

En tanto, anticipó propuestas en estudio: «Comenzamos con el establecimiento de un mecanismo para permitir la incorporación de bancos privados con garantías del sector público».

El objetivo, puntualiza Rivera, es que estas facilidades de financiación «permitan cerrar la brecha entre el costo de un vehículo eléctrico y el de combustión interna».

Se incluye en el paquete de propuestas apoyo técnico y de análisis financiero para el principal operador del sistema público de buses de la ciudad capital «MiBus».

Según informó Rivera «solamente con la presentación en octubre de la estrategia de movilidad eléctrica el operador avanza con una primera compra de 35 nuevas unidades de buses eléctricos».

«La revolución tecnológica nos va a permitir superar el cambio climático», concluye el funcionario.

Objetivos

A fines de 2019, los ministros aprobaron la creación de la Comisión Interinstitucional de Movilidad Eléctrica (CIME), la cual realizará los trabajos necesarios para la adopción e implementación de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME), con el apoyo de las instituciones públicas, universidades, empresas y asociaciones del sector privado.

La estrategia articula la colaboración entre gobierno y el sector privado, y aspira a reducir el 51% de la contaminación ambiental que produce en el país el sector transporte.

Entre las medidas previstas por Panamá, se destaca la instalación de puntos de recarga de energía en diferentes zonas del país, planes de financiamiento para la adquisición de este tipo de vehículos, además de impulsar el desarrollo, la investigación y la innovación en la universidad y en las empresas de los sectores relacionados con el sector eléctrico.

Según estimaciones de ONU Medio Ambiente, si la totalidad de la flotilla actual de buses y taxis en la Ciudad de Panamá fuera reemplazada por vehículos eléctricos, se ahorrarían casi 500 millones dólares en combustibles para 2030 y se evitarían las emisiones de 8.5 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2eq).

Además, se ayudaría a evitar la muerte prematura de más de 400 personas debido a enfermedades respiratorias asociadas a la calidad del aire.

Rivera se pronunció sobre estos temas durante su participación en el «Latam Smart Energy & Mobility Virtual Summit 2020».