Alemania, Noruega, Reino Unido, Holanda, Francia y Dinamarca son los países que hasta el momento por diferentes políticas públicas ya admiten un fin a los vehículos a combustión. En los últimos días se conoció la iniciativa de Japón de sumarse a estas medidas.

Algunos estados de Estados Unidos también están adhiriendo a estas políticas como California, Nueva Jersey y recientemente Massachusetts.

Así, cabe preguntar si para las latitudes latinoamericanas, ¿es opción fijar una fecha de prohibición para la venta de vehículos a combustión? ¿Están preparados los mercados y la infraestructura de la región para fijar metas semejantes? ¿O la mejor alternativa es fijar fechas de electrificación y no de prohibición?

Al respecto, Portal Movilidad consultó su opinión a Miguel Ángel Pelayo Serna, Asesor Senior de Gabinete para Asuntos Regulatorios del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile.

“Todas las medidas que vayan orientadas a fomentar la venta o crecimiento del mercado de electromovilidad son siempre bienvenidas y van en la dirección correcta”, indicó el espectialista.

No obstante remarcó que –a su criterio- el verdadero punto hacia donde se debe orientar la discusión: “La meta verdaderamente ambiciosa no es cuándo dejamos de vender vehículos a combustión sino cuándo deja de circular el último vehículo a gasolina o diésel en las carreteras”.

Las diferentes medidas anunciadas en el mundo no indican detalladamente cómo se implementarán. De allí surge que, por ejemplo, un vehículo comprado el ultimo día antes de que comience a regir la prohibición puede circular –al menos- una década más.

En definitiva, medidas de este tipo privan la venta pero no la circulación.

En esta línea, Pelayo Serna sostiene: “Tampoco creo que mañana haya que prohibirse la venta y circulación porque puede generar una disrupción importante en los mercados y en el acceso al transporte”.

Por tanto, la perspectiva desde la que se aborde la política pública es clave: una cosa es prohibir y otra cosa es cómo fomentar.

“Para que exista electromovilidad más que prohibir a los convencionales lo que tenemos que hacer es generar incentivos para tener más vehículos eléctricos”, indica el profesional. Y agrega: “Para eso una norma prohibitiva en principio es muy fácil, se vende bien, se entiende muy simple pero tiene dificultades y matices que pueden terminar haciendo difícil su aplicación o afectando su eficacia”.

Consultado por la eficiencia que pueda tener medidas de este tipo en Latinoamérica o la posibilidad de que algún gobierno adopte estos instrumentos mencionó: “Hay otros elementos regulatorios que se pueden usar”.

Los instrumentos regulatorios alternativos a los que se refiere el especialista son los incentivos monetarios y/o tributarios y la técnica de regulación por información que motiven la toma de decisiones del consumidor.

El caso es que Latinoamérica no parece estar alineada a estas medidas prohibitivas, sino más bien, algunos gobiernos –y pocos hasta el momento- indican su camino hacia la electromovilidad a partir de objetivos o metas que encaminan por empezar a electrificar algunos sectores. “Ese es el camino más adecuado”, sostiene el Asesor Senior de Gabinete para Asuntos Regulatorios del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile.

Con conocimiento de causa, también afirma que el caso del transporte público en Chile es un buen ejemplo, porque hoy día tiene casi 800 buses eléctricos en la Red de Transporte de Santiago y el instrumento utilizado por el gobierno no fue prohibir la venta buses convencionales, sino fijar la meta y disponer de los elementos necesarios para que el transporte público para 2040 sea totalmente eléctrico.

“La prohibición es una medida que solamente funciona si va de la mano de desarrollar los mercados de la electromovilidad porque no sacamos nada con prohibir vender vehículos de tal o cual forma si al mismo tiempo no desarrollamos la oferta que va a reemplazar”, concluyó Miguel Ángel Pelayo Serna.