Con el objetivo de promover la industria de movilidad eléctrica en el país, el Congreso debate en Estados Unidos la creación de un crédito fiscal para vehículos eléctricos de 12.500 dólares que incluiría 4.500 dólares para autos construidos localmente por trabajadores sindicalizados, con efecto a partir de 2027.   

La potencial medida resonó en el resto de los países del mundo, en especial en los vecinos con los que mantiene el tratado de libre comercio T-MEC, el cual para muchos actores se rompería de seguir adelante con esta idea. 

“Sí, nos preocupa la medida por ser discriminatoria y posiblemente violatoria del Tratado México – Estados Unidos – Canadá”, afirma José Guillermo Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) en diálogo con Portal Movilidad. 

La declaración del representante de AMIA condice con lo dicho también por Tatiana Clouthier, secretaria de Economía mexicana, el viernes pasado quien señaló además que México está analizando una serie de acciones legales en respuesta a la medida, que puede incluir aranceles. 

«En el pasado efectivamente hemos puesto aranceles y tendríamos que hacer o plantear algo muy importante y estratégico en aquellos productos, en aquellos lugares donde también duele hacia el otro lado (…) para que las consecuencias se sientan», indicó.

Y agregó: «No es lo deseable cuando estamos queriendo construir una Norteamérica fuerte para hacer frente a las circunstancias mundiales”.

Por su parte, Nicolás Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), advierte en comunicación con este medio: “La propuesta del Gobierno de Estados Unidos podría devenir en una guerra comercial que no beneficia a la integración en la región. Estas disposiciones son contrarias a las reglas de valor de contenido regional acordadas en el T-MEC”. 

Según Rosales, “de entrar en vigor, la medida afectaría actualmente a más de 60.766 unidades de vehículos eléctricos producidos en México y exportados a USA, así como impactar en los planes de inversión de General Motors para fabricar eléctricos en el estado de Coahuila, a partir de 2023”. 

“Otro de los efectos sería que incentivaría a los fabricantes de automóviles a trasladar sus plantas a territorio estadounidense, ya que fortalecería las disposiciones de las reglas de origen del sector automotriz”, señala. 

Por su parte, para Leonardo Beltrán, especialista en movilidad eléctrica, si bien la medida puede tener un impacto negativo en la industria local mexicana, se deben tener en cuenta otros factores.

“Que esto impacte a largo plazo lo veo difícil. Sin embargo, sí creo que puede afectar a las decisiones de corto plazo. Depende del tipo de actividad en la que estemos pensando”, afirma. 

Luego, explica: “Al final del día depende de qué tan integradas estén las cadenas de valor y cuáles son las condiciones para poder desarrollar las actividades. Me parece que, en primer lugar, esto podría generar algún incentivo para que las inversiones se hagan en Estados Unidos, pero a la vez hay que considerar otros factores relacionados con la facilidad para desarrollar todo el tren de producción localmente”. 

En ese sentido, sobre cómo ve el panorama de la situación, añade: “No me parece que sea una decisión que esté sujeta a los deseos de otros países pero sí me parece que es una decisión estratégica. En la medida en que tenga efectos negativos para los socios comerciales, puede haber una conversación futura”. 

Por su parte, Rosales da su punto de vista: “El gobierno de USA deberá de reconsiderar esta propuesta de incentivos ya que implicaría dar origen a un conflicto comercial entre los países firmantes del T-MEC, el cual permite una regionalización de la industria automotriz y una mayor integración de la misma”.