Carlos Bueno es investigador en transporte limpio en el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT por sus siglas en inglés) y consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En conversación con Portal Movilidad analiza los casos de Santiago de Chile y Bogotá y responde a qué pueden tomar como ejemplo el resto de los países de Latinoamérica para acelerar la transición en el transporte público.

Tomando como referencia Santiago y Bogotá en incorporación de buses eléctricos ¿Qué se puede aprender y replicar? 

Lo aprendido abarca desde la eliminación de los paradigmas asociados a la tecnología hasta la estructuración de modelos de negocio innovadores que involucran nuevos actores y mitigan los riesgos.

¿En cuanto a tecnología y operatividad?

El proyecto de Santiago permitió demostrar que la operación a gran escala de buses eléctricos fuera de China era posible bajo las condiciones operacionales presentes en las rutas más exigentes del sistema.

Este desempeño permitió alcanzar indicadores operacionales iguales o superiores a los obtenidos con la utilización de los buses diésel. Desde el punto de vista de costos, los buses eléctricos mostraron que las reducciones, al reemplazar el combustible diésel por energía eléctrica, permitían compensar los números de capital adicionales asociados a su compra.

¿Y el modelo de negocio?

Ambos demostraron que la inclusión de nuevos actores a los procesos licitatorios potencia la implementación de flotas eléctricas gracias a la segregación de responsabilidades de acuerdo al nivel de especialización de los actores y al diseño de mecanismos adecuados de mitigación de riesgos.

¿Qué medidas económicas faltan en Latinoamérica para avanzar con la electrificación del transporte público?

Es necesario que los Gobiernos establezcan normativas claras que apunten en el corto y mediano plazo a la descarbonización del transporte público, con la definición de subsidios tributarios y arancelarios, créditos blandos y desmonte de incentivos al uso de combustibles fósiles.

¿Establecer metas para la electrificación del transporte público es un incentivo?  

Las metas impuestas por países como Colombia y Chile son viables y replicables en muchos de los países latinoamericanos dado que se ha demostrado el desempeño exitoso de la tecnología.

Sin embargo, gran parte del éxito de las metas que se impongan en cada uno de los países de la región obedecerá al compromiso político, a la definición de un plan de ruta claro y a su cumplimiento a través del tiempo por parte de los gobernantes de turno.

¿Por cuenta de quién deberían correr las iniciativas?

El esfuerzo deberá ser conjunto y coordinado. El Gobierno tendrá que establecer regulaciones e incentivos claros para el desarrollo de los proyectos. Los operadores transformar sus procesos logísticos para permitir operar sus rutas con costos similares o menores a los obtenidos con buses diésel.

Las empresas de energía ofrecer tarifas competitivas y ofrecer acompañamiento y financiamiento para la puesta en marcha de la infraestructura eléctrica.

Los fabricantes actuar como partners de los operadores en los proyectos ofreciendo acompañamiento, capacitación técnica y garantías que permitan confiar en la nueva tecnología.

Finalmente, las bancas internacionales y los fondos de inversión deberán entender la dinámica presente en este tipo de proyectos con el objetivo de realizar evaluaciones de riesgo adecuadas que les permitan ofertar tasas de interés favorables.

¿Qué perspectivas tiene respecto a los plazos en cuanto a licitaciones y compra de unidades? 

Las licitaciones realizadas en la región han presentado tiempos similares a las realizadas para buses diésel. La cantidad de oferentes y actores involucrados ha crecido de forma constante dejando ver el interés y la importancia que se le ha dado a este tipo de proyectos.

¿Cuáles son los desafíos que deben enfrentar tanto los empresarios como las autoridades en esta migración?

Los principales retos y barreras ya han sido superados al demostrar que este tipo de proyectos pueden ser replicados en diferentes entornos. Dentro de este contexto es claro que solo es necesario el compromiso político que permita catalizar su puesta en marcha.