Las normativas europeas para el fin del motor a combustión, la crisis energética que parece no ceder en Europa, la invasión rusa a Ucrania y la falta de semiconductores han empujado a que el Ejecutivo a cargo del presidente Pedro Sanchez coloque todos sus esfuerzos en la electromovilidad. 

Uno de los principales puntos que ha protagonizado esta gestión ha sido el desarrollo del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC).

Dotado con casi 3.000 millones de euros, era la estrella de la operativa de Sanchez, pero a lo largo del año ha sufrido una serie de imprevistos que ha desatado serias discusiones en el sector de la movilidad eléctrica. 

A la hora de avanzar sobre la ejecución las cosas no salieron de la manera se esperaba, dando de resultado una primera resolución provisional que dejaba sin repartir casi un 80% de las ayudas. 

Se intentaron aliviar las cargas a los interesados, pero eso no fue suficiente. 

Se perdió la participación de Ford, a causa de los acotados plazos de inversión y ejecución que se disponían, y en su paso se dejaron por fuera inversiones millonarias, como las de Envision. 

Finalmente pese a los esfuerzos, el documento final lanzaba la adjudicación de 792 millones, pero al menos un 75% sin repartir y con intenciones de ser movilizados en una segunda convocatoria.

En medio de todo esto, una denuncia por la “mala distribución de los fondos” llegaba a Bruselas de la mano de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam).

Según sus acusaciones, la estrategia empleada a nivel local favorecía a las multinacionales, mientras que se excluía a pymes que crean empleo, pagan impuestos y, por su capilaridad, generan riqueza en todo el territorio nacional.

El descontento llegó también al sector de la distribución, que no lograba comprender como había quedado por fuera de los planes en torno al PERTE VEC. 

¿Cómo avanzó todo esto?

Hoy en día se baraja la posibilidad de una segunda convocatoria con requisitos más accesibles, son una orientación mucho más inclusiva, pero que todavía no cuenta con la confirmación por parte de la Unión Europea. 

Mientras que se esperan estas directivas se ha anunciado la pronta salida del Ministerio de Industria de su principal figura: Reyes Maroto. 

Y no solo ello, el Gobierno ha anunciado la retirada de Raúl Blanco, el secretario general “responsable del fracaso” de dicha iniciativa. 

Todo esto hoy se da en el marco del aceleramiento que se está buscando dar por parte del ejecutivo a cargo del presidente, quien espera que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, apruebe la entrega de los fondos Next Generation e impulse el desarrollo de los proyectos estratégicos.

Ahora la ejecución del dinero destinado a la electrificación del sector de la automoción quedará en manos de Francisco Blanco y resta esperar que medidas se tomarán y si Bruselas accede a extender los plazos para la distribución de las ayudas.

La burocracia española

Otro de los puntos que ha dado de qué hablar a nivel local ha sido las demoras presentadas por parte de la Administración para la diferentes tramitaciones en torno a la movilidad eléctrica. 

Por una parte puede hablarse de las ayudas dirigidas a la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga. El famoso Plan Moves.

A lo largo de este 2022 se han presentado propuestas de todo tipo para dinamizar la operativa.

Los principales puntos que han generado conflicto han sido los retrasos en los pagos que han ido desde los seis meses hasta los doce en ciertos casos. 

Propuestas tales como la reducción del IVA, la ejecución de los planes de incentivos por medio de un solo organismo y no fragmentado por cada Comunidad autónomas,se han destacado. 

Pero hasta el momento no se ha dado una respuesta clara frente a las posibles mejoras en la ejecución de dichas acciones. 

Asimismo, la segunda ala de esta cuestión ha estado relacionada con las demoras en la tramitación de los puntos de recarga. 

España va por detrás de la media europea en lo que respecta al despliegue de sus redes de recarga y el sector se encuentra corriendo contra reloj para alcanzar las metas impuestas por el Gobierno. 

Pero frente a este escenario, la Administración parece trabajar contra corriente según la óptica de diversos actores. 

Al día de la fecha el propio Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía (IDAE) ha confirmado que al menos 42.000 solicitudes pendientes para instalar cargadores de vehículos eléctricos en el territorio nacional. 

Según lo comentado, cuando puedan entrar en funcionamiento permitirán casi triplicar los alrededor de 16.000 puntos que ya están operativos.

Pero mientras tanto, el sector se encuentra a la espera de la burocracia española.

El tema ha sido abordado en diversas ocasiones y hasta se ha llegado a crear un Grupo de Trabajo específico para avanzar en la resolución de esta problemática. 

En uno de los últimos encuentros de subgrupos de este espacio se ha podido poner sobre la mesa la responsabilidad con la que cuentan las empresas distribuidoras de energía y las mismas han podido reconocer sus fallas, comprometiéndose a trabajar en mejoras. 

Obligatoriedad de instalación de puntos de recarga en Estaciones de Servicio

La entrada en vigencia de la Ley de Cambio Climático y la aprobación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de la Orden TED/1009/2022 ha puesto a las gasolineras a correr. 

La norma indica que de cara al 2023 al menos un millar de estacioneros deberán colocar puntos de recarga según sus índices de ventas del 2019. 

Iniciando por los parámetros establecidos se ha desatado el descontento, debido que el conteo que lanzaba el Gobierno era menor a lo que se había localizado desde la Confederación Española de Empresarios de este sector (CEEES).

Según se había declarado, al menos 1.200 estaciones de servicio estaban dispuestas a colocar puntos.

Pero las vías de imposición hicieron que muchos se echarán hacía atrás, como así también las demoras en las tramitaciones llevaron al desencanto por la movilidad eléctrica. 

Otro de los puntos que ha estado en vela todo este tiempo ha sido la rentabilidad de estas inversiones. 

Actualmente, los actores de este sector ven que el mercado de los vehículos eléctricos no genera el movimiento financiero necesario para realizar las inversiones planteadas. 

Pese a esto, hay intenciones de avanzar en este sentido pero piden que el Gobierno se involucre más, ya sea allanando el camino o brindando ayudas económicas.