Luego de que se postergará para el 2022 la presentación del anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) renovó su apuesta sobre la presentación de la misma. 

La ministra, Raquel Sánchez, declaró que la normativa llegará al Consejo de Ministros el primero de febrero de este año, reconociendo que esta fue una de las deudas pendientes que quedaron del 2021.

La renovación de los votos sobre la medida se conoció en el acto de toma de posesión de los nuevos altos cargos de Mitma recientemente nombrados, que la funcionaria ha presidido el pasado viernes.

Pese al aceleramiento de la actividad parlamentaria que decretó el presidente, Pedro Sánchez, hacía finales del año pasado no se pudo concretar el visto bueno para que este documento avance. 

Por lo tanto, el sector ha quedado hasta los últimos días de diciembre a la espera de que el mismo ingrese pero esto no sucedió. 

Debido a esto, se demoró la oportunidad de contar con un marco estratégico en materia de movilidad y la puesta en marcha del marco normativo en el que se volcará la estrategia de descarbonización prevista para los próximos años.

 Frente al anuncio la ministra reconoció que este instrumento materializa una estrategia para consagrar el derecho a una movilidad más sostenible, respetuosa con el medio ambiente y la salud de las personas, y vertebrada en torno al transporte público.

Asimismo, ha dicho que la norma implica aprovechar la digitalización y las nuevas tecnologías para planificar el sistema de transporte y reducir sus impactos, así como colocar a los ciudadanos en el centro de las acciones y priorizar su movilidad cotidiana.

Puntos destacados del anteproyecto

• Financiación del transporte, buscando incorporar al ordenamiento jurídico a los preceptos que permitan establecer un sistema de financiación del transporte basado en criterios estables, predecibles y proporcionales.
• Ampliar subvenciones y ayudas al transporte, desarrollando la regulación necesaria para asegurar la coherencia del sistema en materia de movilidad que otorgan las distintas Administraciones públicas, eliminando posibles duplicidades y aumentando su eficacia. 
• Planificación y financiación de las infraestructuras de transporte, donde la meta será establecer las bases para garantizar una planificación rigurosa en el ámbito de las infraestructuras de transporte, que aporte certidumbre a los distintos operadores.
• Regulación para el fomento de la movilidad sostenible, introduciendo medidas para avanzar en la sostenibilidad del transporte y la movilidad, entendiendo la sostenibilidad desde la triple perspectiva: social, económica y medioambiental.

Además, otros aspectos como la investigación e innovación en transporte y movilidad, la regulación de la logística y distribución urbana de mercancías, la mejora de la competitividad del transporte y el desarrollo de instrumentos para la gobernanza y participación pública de la movilidad.