La semana pasada, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, anunció la aplicación de un nuevo impuesto anual del 2% sobre el valor de la tasación fiscal o de mercado para los automóviles sobre los $40 millones.

La finalidad es financiar la Pensión Garantizada Universal, donde el gravamen se condiciona al pago del permiso de circulación.

Esta responsabilidad tributaria recae sobre la mayoría de los vehículos eléctricos disponibles en el mercado ya que son muy pocos los modelos que se comercializan por debajo de este precio.

Ante esta noticia, se expresó en Portal Movilidad, Alberto Escobar, Presidente de la Agrupación de Movilidad Eléctrica de Chile (AMECH): “No me gusta ese tipo de impuesto “antojadizo”, si se quieren gravar los autos de más de 40 millones de pesos, preferiría que hubiera un tarifa a los que más contaminan”.

De esta manera, el especialista enfatiza en la necesidad de una nítida diferenciación entre un automóvil que utiliza gasolina o diésel, según sus parámetros más contaminantes.

Retomando, sobre el nuevo impuesto, Escobar refiere: “Va a gravar a las personas con más recursos que pueden costearse esos automóviles. al fin y al cabo, los ricos siempre van a pagar los impuestos y no les va a costar mucho, pero el cambio tiene que ser a todo nivel”.

“Creo que la electromovilidad debiera estar exenta de ese impuesto”, afirma, aventurándose a la idea de que una exención sería de gran utilidad para su impulso, por lo menos hasta dentro de unos cuatro años más.

Dando su punto de vista, el profesional también expone como ejemplo la experiencia de Noruega, donde las personas comenzaron a asociar los vehículos eléctricos con menores tasas arancelarias como una especie de ejercicio natural.

Por su parte, hace algunos días, también opinó al respecto la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC): “Es una medida que atenta contra la promoción de los vehículos cero y bajas emisiones que superan, en su gran mayoría, este valor por tratarse de tecnologías más avanzadas y que tienen, a nivel global, un mayor costo en su producción, transporte y comercialización”.

“En la práctica, esto es un claro desaliento a la adquisición de vehículos menos contaminantes cuando se ha declarado, justamente, la necesidad de buscar incentivos para los usuarios y, puntualmente, para las personas naturales”, refirieron desde ANAC en sus redes sociales.

Y agregaron: “Por eso, gravar a estos vehículos, cuya venta hoy se busca promocionar, es una medida regresiva en materia medioambiental y que se aleja de los lineamientos de Gobierno para alcanzar la electromovilidad plena al 2035”.

No obstante esto, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda en declaraciones a un programa radial indicó que junto al ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, se está analizando cómo no afectar el parque automotriz eléctrico.