Según la Guía de Movilidad Urbana Eléctrica, la clave para el país no solo está en la quita de impuestos a las unidades cero emisiones, como la reducción al 0% del Impuesto Específico Interno (IMESI), o la implementación de subsidios, como los del programa SUBITE. 

Si bien, por supuesto, estos son sumamente importantes, la mirada también debe estar puesta en la creación de incentivos no económicos de carácter local que hagan más atractivos a los modos de movilidad eléctricos sobre los de combustión, respondiendo a necesidades y visiones particulares de cada Gobierno departamental.

El manual sugiere establecer, por ejemplo, restricciones de circulación basadas en criterios ambientales, como la creación de zonas de cero o bajas emisiones, y carriles y zonas de estacionamiento preferenciales, en coherencia con las necesidades de movilidad a priorizar en cada territorio. 

En países como Ecuador esto es implementado. Allí la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial exime a los vehículos 100% eléctricos o de cero emisiones de las medidas de restricción a la circulación vehicular en cualquiera de las modalidades que la autoridad de tránsito local o nacional disponga. 

A su vez, dispone de un uso gratuito de los espacios de parqueo público tarifados.

Adicionalmente, en Uruguay escasean desincentivos económicos que disminuyan el atractivo de los vehículos a combustión, tales como un impuesto a la compra según emisiones. Rediseñar instrumentos impositivos con un foco en las emisiones de dióxido de carbono, podría ser una solución. 

En esa misma línea, la guía cuestiona la gestión del gasoil, el cual en la actualidad cuenta con un subsidio para el transporte público colectivo.

Pese a que este puede ayudar a mejorar la competitividad de las alternativas a combustión, también se debe considerar que la adopción de vehículos eléctricos puede representar ahorros para el Gobierno, al no tener que entregar dicho subsidio. 

Independiente de ello, la reducción o eliminación de este favorecería la competitividad de las alternativas eléctricas, dado que disminuiría el atractivo económico de los vehículos a combustión y permitiría que el Gobierno pudiese redirigir fondos a subsidiar los vehículos eléctricos.

Por último, plantea establecer un fondo nacional al que los Gobiernos departamentales puedan acceder para ejecutar programas de subsidios y/o incentivos económicos para la movilidad eléctrica en sus territorios. 

Cada uno deberá poseer su plan de movilidad urbana sostenible, y dentro de ella, metas concretas de adopción de la electromovilidad. Dicho fondo no necesariamente requeriría recursos nuevos o adicionales, sino que podría ser subsidiado, al menos en parte, por lo recaudado por los pagos de las patentes de rodados, por ejemplo.