Como contribución ambiental y alineada con los compromisos adquiridos por Chile en el marco del Acuerdo de París y con los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), el gobierno del país se fijó la meta de implementar la electromovilidad en el transporte público para alcanzar este estándar por completo en el año 2040.

Vale destacar que, de momento, el único lugar del país que está contando con este tipo de experiencias es la Región Metropolitana de Santiago con un poco menos de 800 e-buses en la actualidad y una licitación en curso que se estima puede duplicar el número cuando el concurso finalice.

Para el caso de las demás regiones, solo se puede encontrar algún proyecto piloto privado o no incorporado de manera oficial al servicio de operación de transporte público. No obstante, hay anuncios de corredores eléctricos en Temuco, Concepción y Antofagasta y una pronta licitación en Valparaíso.

Este es el mapa a poco de haber comenzado el 2021, hoy ¿se puede pensar en que la meta se puede cumplir? ¿Qué es lo más urgente a revisar?

Palabra autorizada para responder a estas cuestiones es la de Carlos Melo, Académico en la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, quien indica a Portal Movilidad que para realizar este análisis se debe separar el caso de Santiago del caso del resto del país.

“En el caso de Santiago, la estructura del ex Transantiago, provee brinda un marco para realizar inversiones en electromovilidad que es bastante seguro y donde están muy claras las relaciones contractuales”, introduce Melo.

Asimismo resalta que una de las grandes gracias para que los buses eléctricos entren en el sistema son los plazos largos de financiamiento que permitan reducir la diferencia en el costo de inversión pagándola en el tiempo con ahorros en costos de operación.

Por tanto, sostiene: “En Santiago hoy día es factible pensar que se pueda lograr que al año 2040 toda la flota sea eléctrica”.

Por el contrario, el escenario de regiones es completamente distinto. “En esta administración había una promesa importante de desarrollar proyectos de electromovilidad en las regiones, ya queda un año y todavía no se concretó ninguno más allá de los anuncios”, menciona el académico.

Entonces, es difícil visualizar cómo se va a producir allí el objetivo, sobre todo en un contexto donde está en cuestionamiento el modelo de negocio, el marco regulatorio con que se rige el transporte público, donde no hay contrato de provisión por parte del Estado y no existe un claro reparto de los subsidios.

“Si no se logra un despegue de la electromovilidad va a ser difícil cumplir la meta pensando que ya estamos a veinte años por más que hay un espacio para renovación de flota”, aventura Carlos Melo.

El profesional entiende que mientras no se vea una estrategia para avanzar en la debilidad regulatoria que tiene el sistema, llegado el momento en que los tiempos ya no presten un margen para el logro, se pueda apostar a que las regiones electrifiquen -en primera instancia- los taxis colectivos por el nivel de uso que tiene en esas áreas geográficas.

“Es un objetivo muy bueno donde el gobierno tiene mayor posibilidad de influir en su cumplimiento”, concluye el Académico en la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián.