Son recurrentes las noticias que indican que en distintas partes de Brasil se lanzan licitaciones o concursos para incorporar buses eléctricos.

Hace no mucho tiempo, Portal Movilidad realizó un repaso sobre las mismas.

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La Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica (PNME) analizó estos concursos y observó algunos aspectos que pueden colaborar en un modelo de negocio rentable de ómnibus eléctricos.

Son cuatro los retos principales para poner en práctica una política de transporte público eléctrico: los elevados costes iniciales para la adquisición de vehículos eléctricos, baterías y construcción de los puntos de recarga; el número restringido de fabricantes de buses eléctricos y la disponibilidad de los mismos; el riesgo de que los nuevos modelos de contratación, al exigir buses eléctricos, restrinja la competencia en el mercado, y las dificultades para estructurar los pliegos de licitación en general.

No obstante, sobre el primer punto, existen algunas medidas que pueden mitigar la dificultad de la inversión.

La primera es la distribución adecuada de costes y riesgos entre las partes implicadas, que dependerá de cada caso concreto.

Por ejemplo, como ya ocurre en otros países de la región: licitar en partes distintas las unidades y la operación, o, celebrar un contrato para la adquisición y explotación de los vehículos y otra para la construcción de la infraestructura de recarga.

Otra alternativa es que el gestor público opte por una concesión patrocinada.

Otra opción es que, en una concesión común, la autoridad pública también pueda financiar la construcción de una determinada infraestructura de recarga o adquirir los buses, asumiendo los costes y riesgos correspondientes, siendo el sector privado el responsable de los riesgos y costes asociados a la explotación y mantenimiento de los vehículos.

También es posible permitir al concesionario explorar ingresos alternativos, auxiliares, complementarias o derivadas de proyectos asociados para complementar su remuneración.

Por otra parte, si las condiciones lo permiten, es posible aumentar la duración de los contratos para permitir al concesionario amortizar las inversiones realizadas, en lugar de aumentar la tarifa como mecanismo de reequilibrio económico-financiero de la concesión.

Finalmente, como es conocido, la disponibilidad de líneas de financiación a bajo coste, además de los impuestos y las políticas de subvención fiscal también son alternativas para permitir la electrificación de flotas que prestan servicios de transporte público colectivo.

Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Regional y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) disponen de líneas de financiación para la modernización de flotas de ciudades y proyectos con bajas emisiones de carbono.

La PNME no descarta que además de las posibilidades anteriores, el gestor público pueda optar por la inserción de autobuses eléctricos en la flota de forma gradual.

El informe y análisis completo y las legislaciones sobre las que se pueden basar los concursos quedan disponibles en este link.