Luego de unos años complicados a nivel financiero para el transporte público de Cali, la ciudad adquirirá una nueva flota eléctrica por medio del ente gestor Metrocali.
Así lo adelanta a Portal Movilidad, Diego González, consultor que lleva adelante la asesoría para la confección de la próxima licitación.
Por el momento, considerando que el proceso se encuentra dando sus primeros pasos a través de análisis de factibilidad, vinculados tanto a los propios buses como a la infraestructura de carga, aún se desconocen mayores detalles.
“Es una obligación para la movilidad pública de la ciudad, en especial, dentro de esa zona que se quedó sin transporte a raíz de la liquidación de Unimetro. El ente gestor debe resolver ese problema”, afirma.
Y agrega: “Una población no puede quedarse sin los requerimientos básicos. Con la flota eléctrica, el ente se alinea a la ley colombiana y obviamente al tema ambiental”.
Vale recordar que, en abril, la Secretaría de Movilidad de Cali hizo público el proyecto de decreto sobre el nuevo Sistema Inteligente e Integrado de Transporte Público (SIITP) para la ciudad.
Uno de sus elementos, según el segundo artículo, es el de “servicios requeridos por el sistema”, donde la primera de sus tres prestaciones básicas implica:
“La provisión de flota, cumpliendo con los requerimientos de tecnologías vehiculares dispuestos por la ley nacional en el marco de una transición tecnológica a buses de cero o bajas emisiones”.
El sistema de transporte local, como sucedió en varias ciudades colombianas, ha enfrentado un gran número de dificultades financieras.
El año pasado se dio a conocer que el MIO estaría debiendo 80 mil millones de pesos, lo cual podía generar el cese de la operación de las flotas activas, incluyendo a las eléctricas: 26 de Blanco y Negro Masivo, y diez de GIT.
A través de Metrocali, ¿la ciudad cumplirá con la ley?
En 2019, el Gobierno de Iván Duque firmó la Ley 1964 “Por medio de la cual se promueve el uso de vehículos eléctricos en Colombia y se dictan otras disposiciones”.
El objetivo era “generar esquemas de promoción al uso de vehículos eléctricos y de cero emisiones, con el fin de contribuir a la movilidad sostenible y a la reducción de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero”.
Desde entonces, se decretó que las ciudades que cuenten con Sistemas de Transporte Masivo deberán implementar políticas públicas y acciones tendientes a garantizar que un porcentaje de los vehículos utilizados para la operación de las flotas sean eléctricos o de cero emisiones contaminantes.
Para esto, se establecieron ciertos “deadlines” a cumplir:
- A partir de 2025, mínimo el 10% de los vehículos adquiridos.
- A partir de 2027, mínimo el 20% de los vehículos adquiridos.
- A partir de 2029, mínimo el 40% de los vehículos adquiridos.
- A partir de 2031, mínimo el 60% de los vehículos adquiridos.
- A partir de 2033, mínimo el 80% de los vehículos adquiridos.
- A partir de 2035, el 100% de los vehículos adquiridos.
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Sin números (TIR, B/C) es difícil comprender si realmente es una respuesta apropiada a la crisis.