La constante queja de los encargados de establecer infraestructuras de carga en distintos puntos del país finalmente parece haber llamado la atención de las autoridades que trabajan para agilizar la tramitación.

Así lo expresó el director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), Arturo Pérez de Lucía, en el evento “Reunión Cumbre de la Movilidad Eléctrica en España” que organizó Portal Movilidad.

Allí advirtió que junto a las administraciones públicas buscan eliminar las barreras para la concesión de licencias y permisos para implementar este servicio.

Es que desde que se presenta un proyecto hasta su ejecución y finalización pueden pasar varios años debido al papeleo y la falta de información de las administraciones centrales, regionales o locales, lo que complica la rápida resolución por desconocer cómo actuar.

Entonces, el objetivo es resolver más rápidamente la implementación de infraestructura de recarga de acceso público y evitar el retraso en el despliegue.

“Se prevén inversiones de hasta 3 mil millones de euros en España hasta el 2030”, reveló Pérez de Lucía, por lo que la agilización sería un punto a favor.

Para ejemplificar esta problemática indicó que actualmente en el país hay cerca de 15.000 puntos de recarga de acceso público y que alrededor de 4.000 se encuentran en fase de espera y desarrollo, por lo que ya se hubieran alcanzado las 20.000 si no fuera por las barreras.

“Estamos pidiendo una ventanilla única que facilite y simplifique este tipo de concesión de licencias y permisos, para que al final sea mucho más sencillo implementar estas infraestructuras”, manifestó el directivo.

A su vez, mencionó la idea de impulsar una reforma fiscal alineada con los objetivos del gobierno con respecto al desarrollo de la movilidad eléctrica.

“No todo son incentivos y ayudas, una reforma fiscal que incentive o reduzca el coste de los impuestos para los VE sería una señal importante y, sobre todo, aquellas que incentiven las movilidades eléctricas bajo el criterio de ‘quien contamina, paga’”, expresó.

Pérez de Lucía también agregó que todas las regiones son víctimas de este retraso ya que hay lugares estratégicos en los que hay que ubicar infraestructura de recarga pero recaen en municipios pequeños que desconocen el proceso.

Entonces, confirmó la importancia de que todas las administraciones tengan un lugar de referencia al que puedan acudir para esclarecer dudas, facilitar las instalaciones y reducir la carga administrativa.

Las comunidades autónomas responsables deben llevar a cabo una “coordinación para buscar una homogeneización regulatoria” para hacer los procesos más eficientes.

Sobre esto opinó Daniel Pérez, CEO de EasyCharger y especificó que para tener coches eléctricos dentro de unos años es necesario agilizar el trámite de la infraestructura de carga.

«No tiene sentido que para montar un punto de carga de más de 250kv tengamos que realizar una solicitud a industria para la autorización previa, que tarde seis meses el plazo de respuesta y finalmente no respondan. Tardamos una media de entre 12 y 46 meses en ponerlos al servicio», apuntó.