“Se hace presente que, frente a la solicitud planteada, a la aludida repartición pública, en cuanto a órgano integrante de la administración del Estado, le corresponde atenderla con la debida prontitud…”.

De esta forma la oficina metropolitana de la Contraloría General de la República ordenó al Ministerio de Transportes informar, con argumentos fundados, las razones técnicas y económicas, así como las razones de calidad del servicio que tuvo a la vista esa cartera para adjudicar una nueva línea de buses eléctricos en la ciudad de Antofagasta a una pyme iquiqueña, y que se realizó a solo seis meses de que la autoridad instaurara los perímetros de exclusión, delimitando el acceso a los recorridos en la ciudad para un total de 800 buses.

La intervención del órgano contralor en la licitación del denominado “TransAntofagasta” se dio en el marco de una reclamación de los micreros locales, quienes rechazaron el concurso público para incluir otro operador, provisto de buses eléctricos, en los mismos trazados que hoy operan ellos, y que a su juicio “presentó condiciones totalmente excluyentes para los transportistas locales, abriendo la puerta en forma mañosa a operadores que no cuentan con las espaldas económicas para proyectar el servicio al pasajero sin requerir un gran aporte fiscal en subsidios”.

Se trata de las 13 empresas locales -que agrupan a la totalidad de las más de 500 empresas propietarias de los casi 800 vehículos de pasajeros que -luego de un costoso proceso de renovación de material rodante, lograron cumplir con las condiciones para adjudicarse en forma exclusiva los recorridos de Antofagasta-  se oponen a la licitación de un 14º recorrido, que operaría en el corredor más demandado de la ciudad, que circulará por circuitos paralelos con los actuales buses y que ha sido licitado bajo el modelo RED (exTransantiago) para ingresar a la capital regional unos 50 vehículos eléctricos y recaudación vía tarjeta Bip!.

Además del pedido de intervención a la Contraloría -que se pronunció mediante el ordinario E148506/2021-  los transportistas locales han interpuesto reclamaciones ante la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Libre Competencia, para denunciar que con el nuevo operador eléctrico, la ciudad de Antofagasta se expone a un eventual aumento de la evasión, alza progresiva de costos para el Estado y la confusión de los usuarios ante un modelo mixto de pasajes entre prepago y monedas.

Si bien ninguna de las dos instancias se ha pronunciado en forma terminante hasta el momento, los transportistas decidieron recurrir a Contraloría para que esa entidad revise las condiciones de adjudicación del concurso público, pues a su juicio “se ha optado por la oferta menos beneficiosa para Antofagasta, considerando que se trata de una pequeña empresa Iquiqueña, que no cuenta con las espaldas económicas, ni la experiencia necesaria para cumplir las expectativas de los pasajeros”.

A juicio de los dirigentes de las organizaciones Adutax y E-Trant, que agrupan a los empresarios del transporte local, llevar adelante una licitación para un nuevo recorrido a solo seis meses de haberse adjudicado los perímetros de exclusión en la ciudad y sin haberse constatado un aumento en la demanda “atenta contra la libre competencia al ofrecer un plazo ‘ridículo’ para estudiar ofertas e implica un cambio a la fuerza en las reglas del juego a tan solo meses de iniciado el último proceso de asignación de recorridos”.

El nuevo servicio operará entre el sector de La Chimba Alto y el Campus Coloso de la Universidad de Antofagasta, pasando por el centro de la ciudad, en un trazado de 20 kilómetros. Los buses tendrían una capacidad para 40 personas y 21 asientos.

“Esta presentación tiene por objetivo poner de relieve que en la licitación del nuevo operador eléctrico, y que fue adjudicada a una empresa a todas luces sin las espaldas económicas para llevar adelante la misión de servir a los usuarios de Antofagasta con la continuidad y solidez que esta actividad demanda”, comentó el abogado Jorge Ibarra, patrocinador de las presentaciones en contra del proyecto.

Ibarra es el mismo profesional que en 2017 logró paralizar la segunda gran licitación de Transantiago ante el Tribunal de Libre Competencia argumentando posiciones ventajosas y concentración de propiedad de las empresas que entonces habían triunfado en la licitación de Transantiago.

Por su parte, Fernando Castillo, gerente de E-Trant -una de las dos organizaciones que se oponen al proceso- comentó a Agencia UNO: “Hemos decidido Impugnar la Toma de Razón por parte de la Contraloría para que se aclare a qué tipo de empresa se está adjudicando. Según lo que nosotros entendemos, se trata de una pequeña empresa que no tendría la capacidad económica ni la experiencia en transportes necesaria para brindar el servicio de traslado que nosotros tenemos acostumbrados a nuestros usuarios de Antofagasta”.

En tanto que Héctor Carvallo, presidente de Adutax, entidad que también suscribe las reclamaciones ante la FNE, el Tribunal de Libre Competencia y la Contraloría, no descartó movilizaciones de su sector al tiempo que anunció conversaciones con otros gremios del transporte de pasajeros de otras ciudades del norte del país, quienes también enfrentan licitaciones de recorridos eléctricos que a su juicio “este gobierno está empujando no con los operadores locales sino, contra los operadores locales”.