Rodrigo Capeans
Por Rodrigo Capeans
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La transición hacia una movilidad sostenible en España debe dejar de ser una utopía. Solo al desligarse de esta condición de visión ideal, incluso ilusa, es que el país podrá avanzar hacia lo concreto: políticas y acciones con resultados positivos, palpables y medibles.

Los objetivos a alcanzar son numerosos y apremiantes. Las nuevas tecnologías disponibles en materia de movilidad, la presión por una descarbonización de la economía y una relación más inclusiva y saludable con el transporte –entendiendo factores como las necesidades poblaciones y el impacto en la calidad de vida– son el motor que conducen a este paso a la acción.

En ese sentido, los últimos años han significado un punto de quiebre en la puesta a cabo de planes tendientes a esta dirección. Tanto el Acuerdo de París (2016) como el compromiso de la Comisión Europea por una Europa climáticamente neutra para el 2050 (2018) presentan un marco apropiado para el despliegue de dichas estrategias.

La traducción en accionares concretos de estas responsabilidades a las que España ha suscripto implicó la puesta en marcha de diversos planes y políticas. El plan Moves, articulado en su nueva y tercera etapa desde el 10 de abril, y la importancia dada a la descarbonización en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia son dos ejemplos de estos avances.

¿Qué es lo que se ha logrado y cuáles son los desafíos a resolver? El panorama es ambiguo, con logros y deudas pendientes en partes iguales: el avance hacia un futuro más sostenible no es tarea de un solo día.

El plan Moves y las promesas de su tercera etapa

El pasado mes de abril implicó un visto bueno para el mercado del transporte sostenible: el plan Moves III fue lanzado, con una renovada propuesta de incentivos para la compra de coches eléctricos.

Más que un cambio de las reglas de juego, esta tercera etapa del plan que busca una transición hacia una movilidad de cero emisiones implicó un desafío ya conocido: finalmente lograr una mayor penetración de esta tecnología.

En ese sentido, un presupuesto de 400 millones de euros en ayudas directas para movilidad eléctrica e infraestructura de carga –plausible de ser ampliado en los próximos años– marca un avance significativo respecto al Plan Moves II, con un mayor compromiso presupuestario.

En el plano del usuario, la ayuda en la compra de vehículos alcanza valores que rodean los 7.000€, cifra variable teniendo en cuenta factores como modelo y si se trata de sin o con achatarramiento.

También se contemplan beneficios adicionales, como incentivos extra en municipios con poblaciones menores a 5 mil habitantes (se otorga una ayuda en un 10%). Desde el punto de la instalación de infraestructura, se llega a cubrir el 70% del coste de instalación para autónomos y entidades locales no empresariales.

Los resultados de este plan merecerán una adecuada revisión en el futuro en cuanto su aplicación a gran escala sea efectiva. Si bien el sector respondió positivamente a los anuncios, como lo hiciera la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) al calificarlo de “imprescindible”, el tiempo develará el éxito (o falta de) de la medida.

Quienes cargan la responsabilidad de poner en marcha las ayudas son las autonomías, como ocurriera con el Moves II, punto que suscitó mucho debate en su momento. Es menester que las comunidades autónomas avancen en planes ágiles para que esto se materialice.

Por lo pronto, ninguna comunidad ha activado dichas ayudas, signo de que errores de las anteriores iteraciones del Plan podrían repetirse: la falta de paridad en las ayudas sigue siendo vista como prohibitiva.

Asimismo, otro punto cuestionado es que los beneficios se tramitan como un ingreso en el impuesto sobre la renta, a diferencia de otros países. En España, los usuarios pagan los impuestos correspondientes tras las bonificaciones, lo que puede desalentar la compra.

El desafío de un futuro sostenible

“Un proyecto de País”, define el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Concebido como hoja de ruta para recuperar el crecimiento y la estabilidad tras la crisis sanitaria, se trata de un esfuerzo coordinado “para responder a los retos de la próxima década”.

¿Entra la movilidad en este proyecto de una España post-pandemia? Los objetivos fijados por la Unión Europea y los compromisos asumidos por el país indicarían que sí. En ese sentido, la destinación de 13.200 millones de euros provenientes del fondo Next Generation EU a la estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada buscan apoyar esa idea.

Definido el compromiso con la transición, las barreras que aún podrían demorarla se presentan como obstáculos a sortear. En el Euroforo de Vocento sobre Transición Ecológica, el cual contó con la participación de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, algunos de estos puntos fueron otra vez remarcados.

“Aún hay barreras importantes”, afirmó en ese contexto Arturo Pérez de Lucía, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive). Y ejemplificó: “Hay un cuarenta por ciento de infraestructuras terminadas que están a la espera de tener licencia para ser operadas”.

Regulaciones unificadas para todo el territorio, generación de confianza en el potencial usuario y medidas adaptables a los cada vez más breves ciclos tecnológicos fueron también otros de los factores señalados como pendientes de revisión.

Qué se logró y lo que falta por lograr

Si bien progresos han sido hechos, sembrando la semilla para una transición sostenible, aún resta mucho por alcanzar. Europa ha aumentado drásticamente su inversión en infraestructuras y ventas de eléctricos, pero España tiene un largo camino por recorrer.

En este sentido, las cifras presentan un panorama ambiguo: mientras que vemos señales positivas, como un aumento en las ventas de coches eléctricos e híbridos enchufables de un 349% en mayo con respecto al mismo periodo de 2019, el número no llega a acercar al país a la situación ejemplar de Noruega, Alemania o Países Bajos.

La movilidad eléctrica se plantea como un horizonte inevitable, pero también es una oportunidad para tomar la iniciativa. El vehículo eléctrico aún es visto en instancias como una promesa inconclusa y no una realidad competitiva para el comprador.

Materializar los beneficios de una transición ordenada, ofrecer reglas claras y unificadas para el sector y profundizar el incentivo en la adopción de la tecnología son la forma de cumplir esa promesa. Solo así, el futuro sostenible será una realidad y no un ideal.

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