Tras múltiples anuncios sobre movilidad sustentable y fabricación de autos eléctricos por parte del presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, las estaciones de servicio hablaron al respecto.

Pedro Llorvandi, secretario general de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), fue quien en los últimos días hizo público el interés del sector por apostar a la instalación de puntos de carga.

“Hace falta apoyo del Gobierno nacional sobre todo en la promoción de la movilidad eléctrica y acompañado de la quita de impuestos a la venta de autos y financiación para que finalmente se comercialice como en muchos lugares del mundo”, sostiene.

Y agrega: “Nosotros queremos que los vehículos, más allá de qué combustible utilicen, se abastezcan en una estación de servicio con todos los elementos de seguridad y homologaciones”.

Para hacer frente a las inversiones que implica la instalación de puntos de carga rápida plantea la necesidad de realizar un trabajo en conjunto entre proveedores de servicios, fabricantes y el Gobierno nacional.

Hoy las dos petroleras conocidas por instalar puntos de carga rápida en el país fueron YPF en el 2017 en el ACA de Palermo que recién en octubre del 2020 se pusieron en funcionamiento y Axión Energy con 12 en todo el territorio.

“Tenemos que arrancar ya para que en siete u ocho años tengamos rutas verdes conecten todo el país”, refiere. En ese sentido destaca que es “mucho más sencillo” que con el gas porque no hay que construir gaseoductos, sino que las estaciones existentes ya cuentan con las redes eléctricas en condiciones.

“Esto lo vivimos en los ’80 con el GNC y en el mundo nos miraban como si estuviésemos locos y que no iba a funcionar”, indica Llorvandi a LU32.

Por otro lado, asegura: “Nuestro modelo a seguir es el español donde ha incrementado progresivamente la penetración de los autos eléctricos pero esto no se da solamente de la mano de los empresarios o estacioneros”.

Con esto hace referencia a la implementación de programas de ayudas a la adquisición de vehículos eficientes por parte del Gobierno de España conocido como Moves y ahora está en su tercera edición. Tiene un presupuesto de 400 millones de euros, que se repartirán en forma de ayudas directas para la movilidad eléctrica y para la infraestructura de carga.