El proyecto de Ley de Portabilidad Eléctrica ingresó en septiembre del año 2020 en la Cámara de Diputados de Chile y está en su primer trámite de discusión en la comisión técnica asociada a esta ley. El segundo trámite se dará en la cámara que auspicia como revisora, en este caso, la del Senado.

La portabilidad allí entendida se mete en el mundo de las distribuidoras de energía y de la regulación actual del país que, hasta el momento, entiende que dentro del área de concesión de éstas hay un monopolio natural.

La clave del proyecto es modernizar el sistema de distribución de cara al usuario final y busca implementar competencia en aquellos mercados que lo permitan. En definitiva: “Empezar a abrir el mercado, a desgranar o a disociar los distintos segmentos que hay dentro de la distribución de energía es una discusión compleja”, comenta a Portal Movilidad Miguel Ángel Pelayo Serna, Asesor Senior para Asuntos Regulatorios del Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social.

¿Qué efectos puede tener la potencial aprobación de esta normativa en la movilidad eléctrica? Ante esta pregunta, Pelayo responde: “Estas redes, en donde va a haber mercados de competencia, van a permitir que surjan nuevos esquemas de tarificación y que se desarrollen nuevas tecnologías donde las más claves van a ser: electromovilidad, almacenamiento y capacidad de algunos usuarios de generar su propia energía”.

Todo esto teniendo en cuenta que la portabilidad energética rompe la lógica unidireccional de la distribución. En este sentido, el profesional indica: “Es esencial que eso sea así porque los vehículos eléctricos no son solamente puntos de consumo”.

Cabe destacar que actualmente, por ejemplo, el sistema de distribución en Chile no reconoce que una electrolinera pueda comercializar energía o que un pool de vehículos pueda ofrecer la energía como recurso distribuido dentro de la red con tarifa diferenciada.

Con la aprobación de esta ley, los comercializadores de energía podrían ofrecer ventajas a los vehículos eléctricos respecto a la carga, carga inteligente, o considerar que puedan ser utilizados como recurso distribuido.

Sin embargo, Miguel Ángel Pelayo reconoce: “Hay problemas de infraestructura que no se van a solucionar mágicamente con una ley, hoy creo que la electromovilidad no crece también porque la infraestructura eléctrica no está preparada y no solo en términos regulatorios”.

Y considera: “Tiene que ir acompañada de reforzar y mejorar las inversiones en materia de infraestructura de las distribuidoras”.

Consultado sobre si las distribuidoras pueden ofrecer una postura reticente, opina: “Lo importante es que si se garantiza que a través de la ley de portabilidad haya efectivamente competencia en los mercados que se creen, cualquiera que sea tu rol vas a poder estar tranquilo”.

“Hay que desdramatizar el debate, efectivamente pueden haber afectados, pero no van a ser afectaciones que hagan inviable nada y menos aun cuando se le permita a aquellos actores incumbentes poder participar en un mismo mercado con los resguardos que permitan separar las aguas en términos de responsabilidad económica y dirección de las entidades que van a tomar decisiones”, concluye el Asesor Senior para Asuntos Regulatorios del Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social.

De momento no se evidencia demasiado avance en cuanto al primer trámite de discusión al cabo de casi un año del ingreso del proyecto, probablemente esta demora esté relacionada con la agenda política del país y por las complejidades técnicas que requiere.

La iniciativa completa está disponible en este link.