España hace parte de los 55 países que firmaron el Pacto Verde Europeo, el cual busca que Europa sea climáticamente neutra en el año 2050.

Sin embargo, la hoja de ruta de la Comisión Europea se adelantó. El nuevo paquete de medidas Fit for 55 de la Unión Europea cambia los objetivos de reducción de CO2, actualizándolos. Ahora, se espera que para 2030 se disminuya en un 55% las emisiones de coches (antes 37,5%).

Además, se da fecha a la prohibición de la venta de coches y furgonetas a combustión en todo el continente: será a partir del año 2035.

Pero de cara al renovado compromiso de la neutralidad climática en vistas a 2050, también encontramos otras medidas ambiciosas: mayores restricciones a las contaminaciones aéreas y marítimas, aumento de precio en los derechos de emisión y el fomento al despliegue de infraestructura de carga eléctrica y con hidrógeno.

Los objetivos, en mayor y menor medida, se encontraban plasmados en la propia agenda española. “No solamente compatible sino que es congruente con nuestra propia Ley y nuestros propios planes”, había calificado Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, a la medida.

Pero, ¿de qué forma exigen estos renovados compromisos un cambio con la agenda económica y ecológica del país?

La Ley de Cambio Climático

Estrenada este mismo año, la Ley de Cambio Climático dio su propia sentencia a la combustión, aunque con un plazo distinto: 2040 como año en que se prohíbe la venta de turismos que emiten dióxido de carbono, y 2050 como punto en que ya no podrán circular en el país.

Como otros puntos destacados, la Ley establece obligaciones para que las gasolineras con un gran volumen de negocio instalen puntos de recarga; que a partir de 2023 los edificios no residenciales y con más de 20 plazas cuenten con infraestructura; y un portal para localizar los puntos públicos del país.

En ese sentido, el nuevo paquete de medidas de la UE, si bien en consonancia con estos lineamientos, llama a adelantar la fecha de finalización de venta en cinco años: 2035 en vez de 2040.

La adaptación entre ambas hojas de rutas será parte de la negociación, junto con el Parlamento Europeo, de los Estados miembros de UE.

La infraestructura de carga, otro punto a revisar

El “Fit for 55” contempla entre sus principales puntos para el despliegue de la movilidad eléctrica el colocar puntos de recarga de al menos 300kW cada 60 kilómetros. ¿Cómo influye esto en la propia hoja de ruta española?

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fue elaborado contemplando un aproximado de tres millones de vehículos eléctricos para 2030, con una infraestructura estimada entre los 80 mil y 110 mil puntos de recarga tanto en aparcamientos como en corredores.

Lo cierto es que aún no se conocen cifras exactas del total de puntos de recarga en el país en la actualidad, aunque se estima que la cifra gira en torno a los 11 mil y 12 mil puntos. En cualquier caso, la readecuación a los nuevos objetivos europeos parecería exigir un replanteamiento de las ambiciones del Gobierno.

El hidrógeno, también: las directivas europeas piden puntos de repostaje cada 150km en las principales carreteras.

Sin embargo, actualmente solo existen cuatro hidrogeneras, de uso privado. El MITECO calculó en 2020 el despliegue de entre 100 a 150 de uso público para 2030, lo que podría requerir una revisión.

La luz, un elemento de choque

Por lo pronto, un punto en el que las medidas europeas se han enfrentado a las direcciones del Gobierno es respecto a la luz.

En un contexto de tendencia al alza de la electricidad –incluido el mayor precio en la historia del país– Teresa Ribera admitió el envío de una carta al vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans.

En esta se instó a analizar las consecuencias del paquete de medidas, y a repensar el diseño del mercado de la energía “con el objetivo de que no solo aseguren una asignación eficiente de recursos” sino también beneficios para el usuario.

“La rápida subida del precio del CO2 está teniendo un gran impacto en las facturas de luz”, se admite en la misiva, lo que la funcionaria considera una “amenaza” a la transición energética.

Si bien no de manera directa, al ser la electricidad motor principal de la nueva movilidad, esta discrepancia en objetivos implicará también un reto para el Gobierno y su propia hoja de ruta.